La Guajira despresada

Por: Alfredo Molano Bravo/Especial para El Espectador

Alfredo Molano le hace seguimiento a la polémica por el desvío del río Ranchería para que las multinacionales exploten 600 millones de toneladas de carbón que yacen bajo su curso.

Durante muchos siglos, La Guajira fue considerada tierra de nadie: una tierra despoblada, desértica, donde corría el viento. Hubo perlas en una época, pero los españoles se las llevaron. Después quedaron sólo cardones y soledades. Los indígenas fueron clasificados como salvajes y, por tanto, era lícito matarlos para defender el comercio y la civilización. Se trataba de un territorio baldío. Para España La Guajira fue un dolor de cabeza porque la península constituía un puente entre el continente y las Antillas Menores, en manos de ingleses y holandeses, que desafiaban desde allí el monopolio comercial de la Corona. Por Aruba y Margarita entraba el contrabando de mercaderías que llegaba hasta Mompox, y desde allí a las zonas mineras de Antioquia y Cauca. Los wayúus eran más amigos de los contrabandistas que de las autoridades y muchas fueron las guerras y los levantamientos contra España. Los indígenas eran seminómadas y conocían al dedillo todos los caminos. En la última guerra civil el general Manjarrés o el general Acosta —o cualquiera de ellos— los utilizó como guías de trocha. Durante medio siglo los indígenas y los mestizos guajiros siguieron usando su territorio como camino del contrabando.
La frontera
López Pumarejo declaró a la alta Guajira puerto libre. La flexibilidad fronteriza se acabó cuando se comenzó a explotar a gran escala el petróleo en el lago de Maracaibo. Entonces el Gobierno se puso serio y firmó un tratado de límites (1941) que dejó en el aire el islote de Los Monjes, que el gobierno conservador de Gómez quiso entregar a Venezuela a cambio de que se cerrara la frontera a los guerrilleros del Llano y se entregara a Eliseo Velázquez, uno de sus jefes. Pocos años después, Rojas Pinilla, considerando la posibilidad de un topetazo bélico con nuestro vecino, decidió ganarse a los indígenas, para lo cual instaló cientos de molinos de viento y construyó jagüeyes. En el Frente Nacional se creó la intendencia y se declaró puerto libre a Maicao. Cigarrillos y licores, ropa y electrodomésticos salían de Bahía Portete a inundar los Sanandresitos de todo el país.
El mapa de rutas y la experiencia del trato ilegal sirvieron para exportar, desde Santa Marta hasta Puerto Estrella, toda la marihuana que se produjo en la Sierra Nevada y en la serranía del Perijá en los 70 y 80, y criar una red mafiosa que se engulló la administración pública, el puerto libre y la débil economía legal. Con el tráfico de cocaína, la mafia se volvió una estructura paramilitar poderosa que sustituyó al Estado. Puertos, aeropuertos, puestos públicos y negocios particulares hicieron parte de un tejido que ningún gobierno ha podido desmontar ni doblegar.
El carbón
La media y la baja Guajira fueron durante el reinado del contrabando caminos de paso asociados a las redes ilícitas, hasta que en los años 70 se descubrió el Cerrejón, la enorme mina de carbón que una década después se comenzó a explotar a cielo abierto. Los atropellos contra las rancherías wayúu fueron brutales. La Fuerza Pública y la mafia armada apoyaron los desalojos, la escisión del territorio ancestral y el despoblamiento de las zonas de interés minero. Los conflictos entre indígenas y compañías mineras nunca han terminado, a pesar de los sostenidos esfuerzos de las compañías por capturar de cualquier forma la voluntad de los wayúu. Entre los principales señuelos han estado el ofrecimiento de empleo, el aumento de las regalías y el mejoramiento de los servicios públicos, promesas publicitarias que nunca se han cumplido: de los 10.000 empleados del complejo, 4.700 son guajiros y sólo el 1% es indígena. En relación con el mejoramiento de la calidad de vida, hay proporciones económicas que muestran el vínculo real entre la mina y la región: la inversión en compensaciones sociales a las comunidades wayúu entre 1982 y 2002 ha sido cercana a cinco millones de dólares, lo que representa la producción de carbón de dos días y medio. El Cerrejón produce hoy 32 millones de toneladas anuales de carbón, la mitad de lo que el país exporta, pese a lo cual el 70% de los guajiros vive en la pobreza y el 31% en la extrema pobreza. Sólo son más pobres Vichada y Chocó.
La tragedia de Fukushima puso en tela de juicio la producción de electricidad a partir de energía nuclear, y el precio del carbón se disparó en el mercado mundial de 40 dólares la tonelada hasta llegar a 230 dólares hoy. El Cerrejón, que hoy pertenece en su gran mayoría a las multinacionales BHP Billiton, Xstrata y Anglo American, ha comenzado a poner en marcha un plan de expansión que le permitirá llegar a doblar su producción anual en los próximos 20 años. Esta meta implica explotar un depósito de 600 millones de toneladas que yacen bajo el curso medio del río Ranchería. Aprovechar esta mina implica la desviación del río en un tramo de 26 kilómetros que afectaría en el 40% las aguas aportadas por el acuífero aluvial localizado en sus riveras y bajo su cauce. Hay que recordar que el Ranchería es el único río que riega la zona semidesértica de la media y la baja Guajira, en su gran mayoría territorio de resguardos wayúu. Los indígenas han protestado porque temen que la obra ponga en peligro su modo de vida, que la wayúu Vicenta Siosi describe así:
“Las gentes por aquí viven de la pesca. Aun los niños capturan lizas, bagres, bocachicos y camarones, que son nuestro alimento. Las mujeres recogen cerezas, iguarayas, mamoncillos, cotoprix, coas silvestres para venderlas. Algunos wayúu tienen rosas permanentes junto al río. Con gran esfuerzo, cargan el agua con baldes y riegan mata por mata. Otros toman barro y agua del río para fabricar ladrillos destinados a la construcción de viviendas citadinas”.
El proyecto de expansión debe ser consultado por ley con las comunidades indígenas. De hecho, la compañía ha comenzado a dar pasos en esa dirección rodeada de un extraño silencio sobre los verdaderos alcances e impactos del proyecto. Parecería que busca primero la aceptación de las comunidades, antes que la exposición del objeto y los efectos de la obra. Empleados de la compañía, acompañados por funcionarios del Ministerio del Interior, citan a las comunidades para divulgar los beneficios de los planes de expansión, evadiendo o mistificando los impactos negativos. El Gobierno avala los argumentos de la compañía con un silencio aparentemente imparcial pero cargado de contenidos a favor de la empresa, que suele ofrecer todo tipo de regalos como forma de compensación sobre aquellos efectos negativos que no puede esconder. La estrategia, tanto de la minera como del Gobierno, consiste en convencer a las comunidades con los ofrecimientos, o por lo menos dividirlas, para negociar con una de las partes a nombre de la totalidad. Previamente a la citación, la empresa divulga de manera sistemática un cuadro rosado y verde del futuro de la región. Sobra decir que los planes de expansión vienen acompañados por un aumento importante de la presencia de Fuerza Pública y medidas de seguridad.
Como es de suponer, el desvío del río tiene efectos, no sólo sobre la población, sino sobre la fauna y la flora. Los ‘animales de noche’, como los llaman los wayúu, que son los que llamamos salvajes, serían arriados por medio de explosiones sonoras hacia determinadas áreas, según los planes ambientales de la compañía. Los ‘animales de día’, o sea los domésticos, correrían la misma suerte de las comunidades que deben ser desplazadas, como la de Manantial de Cañaverales. Es un corregimiento del municipio de San Juan, de una fertilidad y de una frescura excepcionales en la región, porque tiene un gran ojo de agua. Es un nicho rodeado de gigantescas ceibas y caracolíes, habitado por una familia de micos churucos, donde de un acuífero nace un agua transparente, ligeramente azulada. Un paraíso chiquito y cuidado por la comunidad. El manantial riega la zona y sirve el acueducto del pueblo. Aunque en los planes no está —por ahora— el traslado, la población lo teme porque el afloramiento de carbono estudiado por los geólogos está a menos de dos kilómetros del poblado. Todo el mundo conoce la historia de Tabacal, un pueblo que fue destruido en 2001 por orden de una juez para satisfacer intereses económicos de la concesión a la Exxon Mobil.
Desplazamientos
Por Manantial de Cañaverales pasa una carretera donde convergen trochas que una con otra unen San Juan con Maicao. Es el camino de la llamada Caravana de la Muerte. Se trata de una flota permanente de vehículos que transportan gasolina de contrabando desde Venezuela hasta Cuestecitas, por un lado, y hasta La Paz, Cesar, por otro. En Venezuela un galón de gasolina cuesta 200 pesos colombianos, en Maicao, 2.000; en Bucaramanga o Barranquilla, 6.000. Cálculos hechos en la vía dan cuenta de que por Manantial de Cañaverales pueden pasar 9.000 galones diarios de combustible. Los pasos estratégicos parecen estar controlados por las Farc, mientras que la caravana por los paramilitares.
La vía se cruzaría con el trazado de un ferrocarril entre las minas de San Juan y el nuevo puerto multimodal de Brisas, en Dibulla, que se ha comenzado a planear. Es un nuevo proyecto de explotación, realizado por la compañía brasileña MPX, de un yacimiento de 5.200 millones de toneladas de carbón, que permitirá exportar 25 millones anuales. La inversión inicial se calcula en 5.500 millones de dólares e incluye la vía férrea de 150 kilómetros hasta el mar. Cañaverales y Papayal están en la órbita de la concesión.
Las rancherías wayúu de la zona han creado la Asociación de Autoridades y Cabildos Indígenas Wayúu del Sur de la Guajira (Aaciwasug), que se opone radicalmente a los dos grandes proyectos, el desvío del Ranchería y el ferrocarril de Brisas. Más aún, no aceptan la consulta previa: “Nunca aceptaremos —han postulado— el desvío de un río que nos da la vida. Antes del derecho a la consulta tenemos el derecho a nuestro pensamiento. Ninguno de nosotros quiere vender sus muertos, sus cementerios”.
La posición de los indígenas ha ganado un gran respaldo regional. En Riohacha se creó el Comité Prodefensa del río Ranchería y de Manantial de Cañaverales, formado por sindicatos de obreros del carbón, asociaciones campesinas y estudiantiles, políticos locales y ciudadanos, para oponerse a los proyectos. Se han organizado foros y se prepara una gran marcha departamental. El contencioso entre el movimiento cívico y la alianza —para no decir gavilla— entre el Gobierno y las empresas será una prueba de fuego para la locomotora minera.
Hoy por hoy, La Guajira está despresada en tres partes: el Norte, tomado por paramilitares —tema del que poco hablan las autoridades—; el Centro, dominado por el contrabando de combustibles, repartido entre ‘Urabeños’ y guerrillas, y el Sur, explotado por las más gigantescas y poderosas empresas de carbón del mundo. La suerte está echada. El futuro no es aún de nadie.
Junguito: “Es un proyecto apenas en evaluación”
Tan sólo dos semanas después de asumir la gerencia de El Cerrejón, en marzo de este año, Roberto Junguito Pombo aseguró a través de diversos medios de comunicación que la desviación del río Ranchería era un proyecto en proceso de evaluación para establecer si es conveniente o no para la región y la empresa.
“Es una aclaración que quiero hacer, porque me sorprenden las noticias sobre el tema, cuando este es uno de los tantos proyectos de crecimiento que tenemos y apenas está en un largo proceso de estudio que podría durar entre uno y dos años”, aseguró el ingeniero industrial, quien reemplazó a León Teicher en el cargo y quien se había negado a hablar públicamente del tema.
Junguito ha indicado que los ingenieros están estudiando otras alternativas para establecer los impactos de carácter ambiental y comunitario. “Cualquier decisión que se tome será con el visto bueno de la comunidad.
Liberales en oposición a desviación del río Ranchería
Al conocer la intención de la empresa El Cerrejón de desviar el río Ranchería, en La Guajira, para aumentar la explotación del mineral, el presidente del Partido Liberal, Simón Gaviria, anunció “el compromiso de defender la etnia wayuu y hacer oposición al proyecto con el que se pretende sacar cerca 500 millones de toneladas de carbón, afectando a las comunidades indígenas”.
Gaviria denunció que en las actas de preacuerdos para el proceso de consulta previa se están realizando pactos con los dirigentes de la comunidad buscando su apoyo al proyecto a cambio de lanchas, carrotanques, rellenos para zonas inundadas, alambre de púas, construcción de una cancha deportiva y hasta hilo para hacer artesanías.
Gaviria afirmó que este tipo de negociaciones se están llevando de forma tan irregular, que no existe mayor diferencia con lo que ocurría hace cinco siglos cuando los colonizadores españoles cambiaban oro por espejos y elementos de poco valor.

Publicado en EL ESPECTADOR
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