La Insurrección Wayuu del 2 de mayo de 1769: un protocolo de guerra

Por Leonel López

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En las primeras horas del 2 de mayo de 1769 (Siglo XVIII) estalló el alzamiento de varios ei’rruku de la Nación Wayuu, confederados para sitiar Riohacha en dimensiones impensables para los colonos españoles de la época. Es posible que toda el área al margen de la cuenca del río Ranchería, planicies, desiertos, lomas escarpadas y todo el espacio de la playa, se abarrotara de repente con la presencia de unos 20 mil guerreros, algunos a pie, otros a caballo; rifles en mano, arcos, saetas y metal afilado, rostros rígidos, miradas de acero y semblantes enardecidos instauraban un ambiente sombrío y de terror.

En medio de la tensión, se escuchan detonaciones de rifles y silbidos de flechas, el galope de las huestes levantaría una polvareda mezclada con el humo de la pólvora que llenó los pulmones de los riohacheros con un espeso aire de miedo. Era evidente su intención de tomar aquella ciudad colonial, en ese entonces enclave capitalino de la provincia “Río del Hacha”, perteneciente al Virreinato de la Nueva Granada.

La gran legión, compuesta de diferentes “parcialidades” —como llamaban gobernantes y militares hispánicos a los ei’rruku (clanes)— ya había arrasado con otros pueblos fundados en el extenso territorio de la Guajira. Los primeros en caer bajo el ataque subversivo fueron La Cruz y El Rincón, cercanos a Riohacha (corregimiento de Pancho), cerca de la desembocadura del Ranchería. Ya había sido arrasada también Boronata, otro de los puntos fundacionales de gran importancia del imperio español, y que probablemente se encontraba en algún punto específico de las llanuras del hoy municipio Manaure.

Cuando se habla de este acontecimiento, pareciera que el alzamiento habría sido un hecho aislado, una “salvajada” repentina o un acto de locura colectiva. Esa acusación la pudo haber reforzado la narrativa española de ser los wayuu un pueblo de “bárbaros”, “ladrones”, “salteadores”, “bestias”, “seres sin ley”, “inhumanos”. No obstante, la realidad era otra: fue una rabia inoculada en el alma del pueblo wayuu tras centurias de abusos de poder y atropellos que ya venían caldeando los ánimos por debajo del fogón. Lentamente, las flamas de la guerra habían vuelto ceniza la maltrecha relación entre Wayuu e hispanos.

Sin lugar a duda, sería en el siglo XVIII cuando las confrontaciones hispano-wayuu alcanzarían su nivel máximo de ebullición. Los cronistas de la época tildaban esos choques como “levantamientos de los indios guajiros” para referirse a aquellos movimientos insurreccionales, existen informes que evidencian una continua “situación de guerra”. Según el historiador colombiano Eduardo Barrera Monroy, hubo focos de rebelión en 1701 para expulsar a los capuchinos, se tienen datos de la subversión de unos 2 mil guerreros Wayuu en 1727, en el ‘41, ‘57, ‘61 y ‘68. Tras el devenir del tiempo, la paciencia se les colmó el 2 de mayo del ‘69.

¿Cuándo empezaron las fricciones?

El asunto se fue gestando de forma gradual. Una primera avanzada del imperio para colonizar fue desplegada por los sacerdotes capuchinos a finales de 1690 y principios de 1700. Consistió en la estrategia religiosa de “pacificar” o “convertir”, según ellos, pero en términos reales sería la de subyugar como vasallos de la corona a los wayuu, asentándolos en pueblos de misiones fundados por ellos (La Cruz, El Rincón, Boronata, Laguna de Fuentes, Orino). Este mecanismo de control chocó de frente con algo que ellos sencillamente les dio la gana de ignorar: el mundo wayuu, su cultura, su pensamiento, su organización y tejido social, el estar arraigados a un territorio clanil.

Frente a eso, hubo una primera resistencia al desarraigo y a otras imposiciones de carácter religioso que atentaban contra la propia cosmovisión, como erradicar la figura de la outsu o la poligamia, base de alianzas claniles en aquella época. También hubo señalamientos contra su carácter seminómada. La campaña de pacificación de los frailes capuchinos fue un rotundo fracaso y ellos lo plasmaron en sus informes llenos de frustración a la corona española, donde daban cuenta del carácter indómito del wayuu e invocando el uso de la fuerza militar para someterlo.

En una segunda avanzada, la corona contrata a Bernardo Ruiz de Noriega en 1760 para el siguiente proyecto de pacificación. Su estratagema fue más efectiva dada su visión de hombre de negocios, pues entendió el sistema jurídico del pueblo wayuu, al punto de entablar relaciones diplomáticas con varios jefes, destacando su relación con el reconocido líder wayuu Cecilio López, incluso llegó a ser su compadre. A partir de ese momento, Noriega entendió que el belicismo continuo del wayuu obedecía a una lógica basada en su sistema normativo. El despojo de sus territorios para ganadería por parte de colonos españoles, el asesinato de familiares, el secuestro de hombres, mujeres y niños para trata de esclavos y otras arbitrariedades eran demandas exigiendo compensación. Los ataques eran legítimos, “sangre por sangre”; lo que ellos llamaban “robo de ganado”, para los wayuu era el “cobro por la falta”.

Sin embargo, los colonialistas se dieron cuenta que el manejo de la situación bajo ese régimen de diplomacia solo sirvió para darle más oportunidad a los wayuu de afianzar sus ya estrechas relaciones comerciales con los ingleses y holandeses, enemigos geopolíticos de los españoles, de quienes por cierto ya habían asimilado a esas alturas del siglo pertrechos que les otorgaban una gran capacidad militar.

Tras la salida de Ruiz de Noriega, llega a ocupar su lugar como gobernador de la provincia Gerónimo de Mendoza en 1768. Como militar, su visión pragmática caracterizó el manejo de la situación; al igual que los capuchinos, le restó valor a las complejidades culturales del desierto. Mientras los jefes claniles Cecilio López, Pablo Majusare, Caporinche, “Capitancito”, Pacho Gámez, Antonio Paredes y otros más esperaban en los pueblos reduccionistas la llegada de un putchemaajana con la “Palabra” del nuevo regente como garantía de mantener buenas relaciones, ocurrió lo contrario. Mendoza implementó una suerte de estado de excepción ordenando a las guarniciones medidas drásticas y vejámenes en contra del pueblo. También le dio potestad a los civiles colonos que habitaban en el territorio para colocar retenes y controlar a los indígenas en su andar por el desierto y despojarlos de sus armas. Niños fueron secuestrados para ser internados en las misiones, hombres y mujeres fueron sometidos como esclavos, e inclusive decretó les quitaran sus rebaños y empobrecerlos como un ardid para someterlos.

Bajo esa mirada marcial, un militar wayuu al servicio de los españoles, el cabo José Antonio de la Sierra, ejecutó la orden y sometió a 22 de sus paisanos para conducirlos en condiciones de esclavitud a las fortificaciones de Cartagena. Esa fue la chispa que finalmente detonó la dinamita, estalló la rebelión de la “Nación de los Indios Guajiros” aquel 2 de mayo; se activó el protocolo de guerra como último recurso, según establece la propia normativa, cuando se ha roto el equilibrio social.

Años después, el brigadier Antonio de Arévalo asume como gobernador y logra restablecer las relaciones con los jefes claniles. Le bastaron cuatro meses para lograr “pacificarlos”, según describió en sus diarios, pero en sí fue un armisticio alcanzado a través de la ley Wayuu: había entendido el uso de la palabra como un valor inquebrantable en términos de una auténtica resolución de conflictos. Arévalo se dio a la tarea de investigar a fondo las razones que motivaron la rebelión en el ‘69, y concluyó e informó a la corona que fueron los mismos españoles quienes ocasionaron aquel desastre.

Género: Crónica/Investigación Narrativa

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