El río Ranchería a merced de las locomotoras mineras
Carlos Victoria
Agenda Ciudadana
La locomotora minera está a punto de engullirse al río
Ranchería, en la Guajira. No menos de 68 mil hectáreas serán intervenidas a lo
largo de más de 20 kilómetros de su cauce, lo que implicará su desviación y con
ello poner en riesgo la vida de miles de indígenas, afro descendientes y
pobladores de varios municipios. Se trata del 33 % de un territorio desértico
que depende de este río para su subsistencia. En el lecho del afluente hay
reservas de carbón, y la multinacional brasilera MPX, se frota las manos antes
de iniciar la explotación del mineral. El río se ha constituído en el freno al
desierto, y ahora en icono para detener a las locomotoras carboníferas.
Río Ranchería,
símbolo de la resistencia guajira
El anuncio ha despertado el más rotundo rechazo de distintos
sectores de la Guajira que desde ya preparan una serie de actividades para
oponerse a la intervención del río, tal como de manera contundente lo hiciera
la ciudadanía de Bucaramanga y Santander, en defensa del Páramo de Santurban.
La historia de la minería a cielo abierto en la península caribeña empezó en
los años 80 con la estatal Carbocol. Las reservas calculadas en el río
Ranchería serían de 500 millones de toneladas, y se prevé una enorme
movilización social para salvarlo.
La desviación del curso del río pondría en peligro, además,
las actividades agropecuarias y el tejido social y cultural para una docena de
comunidades indígenas y campesinas asentadas en sus márgenes, tal como lo ha
denunciado el Comité Cívico de la Guajira contra la Gran Minería que desde ya
ha convocado para el próximo 20 de noviembre a una gran movilización cívica
desde la cual se busca denunciar y frenar este Megaproyecto. "A pesar de
la corrupción local y la manipulación, la resistencia crece", sostiene
Felipe Rodríguez, Coordinador del Centro de Estudios del Carbón.
"Cambiar un cauce afecta aguas subterráneas y también
la fauna y la flora, los cambios físicos y químicos que se generarán por el
solo hecho de correr en un nuevo cauce; la migración de especies animales
nativas; pero especialmente la potencial pérdida de volumen de agua en el río.
Este recurso hídrico, amenazado por el avance descontrolado de la minería, es
muy importante, determina las actividades económicas de gran parte de la
población y además, conforma el entorno cultural y turístico de la
región", afirma Jacobo Solano Cerchiaro.
El comité cívico denunció que el director de Corpoguajira,
Arcesio Romero Pérez, fue fletado por MPX al Brasil, junto con funcionarios,
diputados y representantes de la Fundación Prosierra Nevada de Santa Marta para
"conocer alternativas de desarrollo sostenible" en ese país, en el
mes de marzo pasado, lo que fue calificado como un evidente hecho de
corrupción. Entre los políticos, con gastos pagados por la empresa, se contaban
los concejales de Dibulla, donde se construirá un muelle carbonífero. Por
Acuerdo del Concejo, el Alcalde tiene manos libres para exonerar de impuestos a
la firma extranjera.
En su edición del pasado 25 de junio El Heraldo de
Barranquilla denunció que MPX tiene entre sus filas a varios ex altos
funcionarios del gobierno Uribe: "Junto con Leyla Rojas, ex viceministra
de Agua y quien hoy es la jefe Jurídica de la compañía brasilera en Colombia,
llegaron Diana Zapata Pérez, exdirectora de Licencias, además de Adriana
Rodríguez y el ingeniero Juan Carlos Burgos, quienes trabajaron en esta
dependencia ministerial". Según el periódico esta firma ha invertido 200
millones de dólares y está a la espera de que le aprueben la licencia ambiental
para arrancar con las explotaciones
El poder corruptor de las multinacionales del carbón parece
imparable, como también ha sucedido en el caso del Municipio de Barrancas,
donde el Concejo había archivado por lesivo e inconveniente a los intereses de
la comunidad, el Acuerdo que pretendía modificar el ordenamiento territorial.
Sin embargo El Cerrejón logró que entre el Alcalde y un grupo de concejales
ampliaran la zona de explotación minera. La Compañía, además, pagó los costos
del nuevo EOT. Como se puede apreciar las autoridades de la Guajira, el César,
y el Magdalena, están al servicio de la mega minería multinacional, a pesar de
las denuncias e investigaciones exhaustivas.
A través de múltiples estrategias jurídicas, mediáticas y
sociales, las transnacionales BHP Billiton, Anglo América y Xtrata,
propietarias de El Cerrejón, que acapara el 40 % de la producción nacional, ha
intervenido 11.700 hectáreas, de las cuales solo ha recuperado ambientalmente
2.700. Hacia el 2014, la meta fijada de producción es de 60 millones de
toneladas, casi el doble de lo que estaba explotando en el 2009. El pasado 9 de
agosto se cumplieron 10 años del desalojo de Tabaco, en el Municipio de Hato
Nuevo, convirtiéndose en el símbolo del avance de la minería a cielo abierto:
Allí quedó patentado la confabulación de las autoridades con las compañías
extranjeras.
Ante los estragos sociales, económicos, ambientales y
culturales dejados por las explotaciones carboníferas, el resguardo Wayuu de El
Zahino, al sur de la Guajira, en la consulta previa convocada por el Ministerio
del Interior, decidió categóricamente que: "… en nuestro territorio
ancestral, no se permitirá la construcción de ninguna línea férrea, ni mucho
menos, la exploración ni explotación de nuevos yacimientos hidrocarburos o de
carbón, por parte de ninguna compañía que nos afecta de manera general".
MPX pretende construir una línea férrea por territorio Wayuu para transportar
el carbón hasta Dibulla.
El pasado 13 de septiembre, cientos de estudiantes de la
Universidad de la Guajira salieron a las calles de Riohacha a reclamar los 30
mil millones de pesos que El Cerrejón le adeuda al centro de estudios por
concepto de un impuesto creado, mediante Ordenanza de 1993, para ayudar a
financiar la educación superior en el departamento. En el Día de la
Indignación, como fue llamada la jornada, los estudiantes devolvieron unos
buses entregados por la empresa: "Vengan y reciban los buses y paguen lo
que nos deben. Los españoles nunca pudieron embobar a los wayuu con espejitos y
abolorios. En pleno siglo XXI Cerrejón cree que nos va a embobar a nosotros con
esos buses, para no pagarnos el impuesto a la estampilla", dice un
comunicado.
Como lo corroboran las investigaciones del Centro de
Estudios del Carbón, a cargo de Felipe Rodríguez, y los estudios del profesor
Jorge Iván González, los impactos económicos y sociales de la gran minería son
pingues frente a las expectativas y discursos sobre “el desarrollo y progreso”
de los territorios donde se explota el subsuelo. En el caso de la Guajira son
contundentes: la cobertura y disponibilidad de agua potable las 24 horas en los
municipios sólo es del 74% y el de alcantarillado del 56%, indicador asociado –
también- a los estragos de la corrupción. En esta región la minería solo genera
el 10% de los empleos. De hecho como sostiene González, la locomotora
minero-energética y el sector financiero son los que menos empleo generan, al
tiempo que no se articula con el sector agropecuario y destruye los
ecosistemas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario