El
pueblo wayuu DEMANDA revisión del Distrito Militar Guajira
A dos años de activarse el D.M.G, en la Guajira 4
indígenas wayuu han muerto a manos de efectivos militares, y suman un total de 19
heridos, según el Comité de Derechos Humanos, en diferentes sucesos que
evidencian violaciones a los Derechos Humanos y el uso desproporcionado de
fuerzas y armas de alta potencia contra civiles wayuu.
Leonel López
El 28 de diciembre de 2010, el presidente
Hugo Chávez anunció en cadena nacional de radio y televisión el decreto
presidencial n° 7.938, a través del cual creaba de diez distritos militares en
diferentes regiones estratégicas de Venezuela, y en lista se incluía a la
subregión Guajira. Tres semanas antes de aquella fecha, la represa “Manuelote”
había colapsado tras intensos aguaceros y millones de toneladas cúbicas de sus
aguas inundaron por completo a la Guajira, trayendo lo que el mismo presidente
diría en aquélla ocasión “un diluvio sobre estas tierras”. El decreto fue
publicado al día siguiente en Gaceta Oficial n° 39.583
Que mejor oportunidad para activar el
distrito militar Guajira que la contingencia de las inundaciones, y la
intención en principio era ayudar a las miles de familias afectadas en lo que se
denominó proyecto Integral de Reconstrucción de la Guajira, coordinado desde la
13 Brigada de Infantería, con sede en Paraguaipoa, como ente militar a cargo
del D.M.G. Y así, sin bombos ni platillos, se activó el Distrito Militar Nº 1 Guajira, sin consultas previas, y mucho
menos informadas, razón por la que muchos no estarían enterados de las
atribuciones asumidas por la 13 Brigada, y pocos imaginarían las
repercusiones sociales y culturales que
vendrían después.
Desde entonces, la convivencia entre la “13
Brigada” y el pueblo wayuu se podría considerar, sin ánimos de exageración, una
experiencia drástica. El Comité de Derechos Humanos de la Guajira expresa
constantes violaciones de derechos humanos, y culturales por parte del
ejército, la cifra oficial manejada por el referido colectivo indica que cuatro
civiles han muerto a manos de efectivos militares, y más de 19 personas, entre
mujeres y hombres, fueron heridos en diferentes sucesos.
Denuncias
sin respuestas
Un oficio enviado por el comité de Derechos
Humanos de la Guajira, dirigido al Mayor General Celso Canelones Guevara, Jefe
del Comando Estratégico Operacional Occidente, con fecha 12 de octubre de 2012,
da cuenta de esta situación al referir al jefe militar lo siguiente:
“Cuando el presidente de la república anunció
la creación del Distrito Militar Guajira nº 1 (…), creímos que eso significaba
bienestar, desarrollo y progreso para nuestro pueblo, pero los hechos han
demostrado todo lo contrario… consideramos que no habrá solución a corto plazo
y seguiremos en círculo viciado, mientras el control de la Guajira esté bajo el
poder militar, porque ese sector no conoce
nuestras costumbres, no hablan nuestro idioma, están encerrado en los
cuarteles y no comparten con nuestro
pueblo”.
Otro oficio con fecha de 12 de octubre de
2012, y dirigido a la fiscala general de la república, Luisa Ortega Díaz, el
comité en conjunto con varias organizaciones indígenas, informar sobre su
preocupación por la forma en cómo se han violentado los derechos humanos del
pueblo wayuu “por parte de efectivos militares que ejercen el control en el
municipio Guajira a través del Distrito Militar n° 1”.
En el comunicado enviado a la fiscala general
del la república, también se le hace referencia que “los medios empleados por
los militares, particularmente los de la 13 Brigada de Infantería… reprima sus
intentos de defensa de sus derechos humanos con armas militares de alta
potencia y tropa entrenada para confrontación militar… esa desproporción de
fuerzas y armamentos ha originado y heridos en el pueblo wayuu”, se menciona en
el citado documento.
Y de esa manera, tras esos choques
socioculturales que se han suscitado entre el ejército y miembros del pueblo
wayuu, estos porque están en el deber de combatir el contrabando de
combustibles y víveres hacia la república de Colombia, y “bachaqueros” porque
justifican éstas prácticas anteponiendo como argumento lógico la escasez de
fuentes de empleo en la Guajira venezolana, o sencillamente una forma natural
de economía del pueblo wayuu como lo defiende un sector de la población, lo
cierto es que tan debatido tema que antecede desde épocas de la colonia, y que
es el punto olvidado de las agendas gubernamentales, se podría comparar a una bomba de tiempo en
territorio indígena wayuu, que pudiera desencadenar un estallido social.
El caso
de Melandro Luis Pirela
El pasado 29 de enero, una comisión de
efectivos militares pertenecientes a la 13 Brigada de Infantería, durante un
allanamiento a una “caleta” en una vivienda del sector conocido como Los
Aceitunitos, dieron muerte a Melandro Luis Pirela, de 36 años de edad,
comerciante dedicado a la venta ilegal de combustible, quien fue acribillado en
su casa y delante de sus familiares por supuestamente resistirse al decomiso de
sus “pimpinas” de gasolina.
Este último caso generó diversas reacciones
en la colectividad, y en las redes sociales se emprendió una fuerte campaña por
varias organizaciones wayuu que exigen el cese de violencia y hostilidades en
territorio wayuu por parte del ejército. Ante esta situación, el comité de
Derechos Humanos de la Guajira convocó a una rueda de prensa y toma pacífica de
la plaza “Indio Mara” de Maracaibo el pasado 4 de febrero, para ofrecer un
balance de las personas asesinadas y heridas, y aunque la actividad no le fue
otorgada la debida cobertura informativa por parte de los grandes medios de
circulación regional, las redes sociales hicieron eco de ello en todo el país.
En ese sentido, Marisol Arévalo, familiar de
una víctima presente en la toma, exigió justicia por los atropellos de las
fuerzas armadas. “Mi hermano quedó mal, un hombre joven de 26 años, quedó
convaleciente. Porque cuando uno va a Paraguaipoa, ya no sabe si va a regresar,
no puedes llevar dinero en el bolsillo, porque es un delito, e incluso, hasta
ser wayuu es considerado un delito, pero nosotros también tenemos derecho de
trabajar y surgir, y ese distrito militar fue creado únicamente para matar, y
fue creado sin consentimiento del pueblo wayuu”, reclamó
Por su
parte, Nemesio Montiel, antropólogo y profesor de La Universidad del Zulia,
considera que el “distrito militar Guajira, lejos de ayudar a superar
situaciones vividas por los wayuu, desnutrición, hambre, problemas de los
servicios básicos, lo que ha hecho es agudizar más la problemática en la
frontera”.
“Debería existir una cordialidad entre los
militares y el pueblo wayuu en frontera, y eso depende de los jefes militares
que operan en frontera. La movilización de organizaciones y familiares de las
víctimas debe remitir a una profunda reflexión al gobierno nacional, regional y
local, a efectos de superar esta situación con un pueblo que ha resistido
tanto, y un pueblo que sólo procura trabajar, entiendo que en frontera la
situación es muy difícil, hay delincuencia y contrabando, pero sabiendo llevar
esta situación de manera clarificada, se pueden lograr cosas importantes para
la Guajira”, aconsejó.
