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martes, 26 de febrero de 2013




El pueblo wayuu DEMANDA revisión del Distrito Militar Guajira

A dos años de activarse el D.M.G, en la Guajira 4 indígenas wayuu han muerto a manos de efectivos militares, y suman un total de 19 heridos, según el Comité de Derechos Humanos, en diferentes sucesos que evidencian violaciones a los Derechos Humanos y el uso desproporcionado de fuerzas y armas de alta potencia contra civiles wayuu.

Leonel López

El 28 de diciembre de 2010, el presidente Hugo Chávez anunció en cadena nacional de radio y televisión el decreto presidencial n° 7.938, a través del cual creaba de diez distritos militares en diferentes regiones estratégicas de Venezuela, y en lista se incluía a la subregión Guajira. Tres semanas antes de aquella fecha, la represa “Manuelote” había colapsado tras intensos aguaceros y millones de toneladas cúbicas de sus aguas inundaron por completo a la Guajira, trayendo lo que el mismo presidente diría en aquélla ocasión “un diluvio sobre estas tierras”. El decreto fue publicado al día siguiente en Gaceta Oficial n° 39.583
Que mejor oportunidad para activar el distrito militar Guajira que la contingencia de las inundaciones, y la intención en principio era ayudar a las miles de familias afectadas en lo que se denominó proyecto Integral de Reconstrucción de la Guajira, coordinado desde la 13 Brigada de Infantería, con sede en Paraguaipoa, como ente militar a cargo del D.M.G. Y así, sin bombos ni platillos, se activó el Distrito Militar  Nº 1 Guajira, sin consultas previas, y mucho menos informadas, razón por la que muchos no estarían enterados de las atribuciones asumidas por la 13 Brigada, y pocos imaginarían las repercusiones  sociales y culturales que vendrían después.
Desde entonces, la convivencia entre la “13 Brigada” y el pueblo wayuu se podría considerar, sin ánimos de exageración, una experiencia drástica. El Comité de Derechos Humanos de la Guajira expresa constantes violaciones de derechos humanos, y culturales por parte del ejército, la cifra oficial manejada por el referido colectivo indica que cuatro civiles han muerto a manos de efectivos militares, y más de 19 personas, entre mujeres y hombres, fueron heridos en diferentes sucesos.

Denuncias sin respuestas
Un oficio enviado por el comité de Derechos Humanos de la Guajira, dirigido al Mayor General Celso Canelones Guevara, Jefe del Comando Estratégico Operacional Occidente, con fecha 12 de octubre de 2012, da cuenta de esta situación al referir al jefe militar lo siguiente:
“Cuando el presidente de la república anunció la creación del Distrito Militar Guajira nº 1 (…), creímos que eso significaba bienestar, desarrollo y progreso para nuestro pueblo, pero los hechos han demostrado todo lo contrario… consideramos que no habrá solución a corto plazo y seguiremos en círculo viciado, mientras el control de la Guajira esté bajo el poder militar, porque ese sector no conoce  nuestras costumbres, no hablan nuestro idioma, están encerrado en los cuarteles y no comparten  con nuestro pueblo”.
Otro oficio con fecha de 12 de octubre de 2012, y dirigido a la fiscala general de la república, Luisa Ortega Díaz, el comité en conjunto con varias organizaciones indígenas, informar sobre su preocupación por la forma en cómo se han violentado los derechos humanos del pueblo wayuu “por parte de efectivos militares que ejercen el control en el municipio Guajira a través del Distrito Militar n° 1”.
En el comunicado enviado a la fiscala general del la república, también se le hace referencia que “los medios empleados por los militares, particularmente los de la 13 Brigada de Infantería… reprima sus intentos de defensa de sus derechos humanos con armas militares de alta potencia y tropa entrenada para confrontación militar… esa desproporción de fuerzas y armamentos ha originado y heridos en el pueblo wayuu”, se menciona en el citado documento.
Y de esa manera, tras esos choques socioculturales que se han suscitado entre el ejército y miembros del pueblo wayuu, estos porque están en el deber de combatir el contrabando de combustibles y víveres hacia la república de Colombia, y “bachaqueros” porque justifican éstas prácticas anteponiendo como argumento lógico la escasez de fuentes de empleo en la Guajira venezolana, o sencillamente una forma natural de economía del pueblo wayuu como lo defiende un sector de la población, lo cierto es que tan debatido tema que antecede desde épocas de la colonia, y que es el punto olvidado de las agendas gubernamentales,  se podría comparar a una bomba de tiempo en territorio indígena wayuu, que pudiera desencadenar un estallido social.

El caso de Melandro Luis Pirela
El pasado 29 de enero, una comisión de efectivos militares pertenecientes a la 13 Brigada de Infantería, durante un allanamiento a una “caleta” en una vivienda del sector conocido como Los Aceitunitos, dieron muerte a Melandro Luis Pirela, de 36 años de edad, comerciante dedicado a la venta ilegal de combustible, quien fue acribillado en su casa y delante de sus familiares por supuestamente resistirse al decomiso de sus “pimpinas” de gasolina.
Este último caso generó diversas reacciones en la colectividad, y en las redes sociales se emprendió una fuerte campaña por varias organizaciones wayuu que exigen el cese de violencia y hostilidades en territorio wayuu por parte del ejército. Ante esta situación, el comité de Derechos Humanos de la Guajira convocó a una rueda de prensa y toma pacífica de la plaza “Indio Mara” de Maracaibo el pasado 4 de febrero, para ofrecer un balance de las personas asesinadas y heridas, y aunque la actividad no le fue otorgada la debida cobertura informativa por parte de los grandes medios de circulación regional, las redes sociales hicieron eco de ello en todo el país.
En ese sentido, Marisol Arévalo, familiar de una víctima presente en la toma, exigió justicia por los atropellos de las fuerzas armadas. “Mi hermano quedó mal, un hombre joven de 26 años, quedó convaleciente. Porque cuando uno va a Paraguaipoa, ya no sabe si va a regresar, no puedes llevar dinero en el bolsillo, porque es un delito, e incluso, hasta ser wayuu es considerado un delito, pero nosotros también tenemos derecho de trabajar y surgir, y ese distrito militar fue creado únicamente para matar, y fue creado sin consentimiento del pueblo wayuu”, reclamó
 Por su parte, Nemesio Montiel, antropólogo y profesor de La Universidad del Zulia, considera que el “distrito militar Guajira, lejos de ayudar a superar situaciones vividas por los wayuu, desnutrición, hambre, problemas de los servicios básicos, lo que ha hecho es agudizar más la problemática en la frontera”.
“Debería existir una cordialidad entre los militares y el pueblo wayuu en frontera, y eso depende de los jefes militares que operan en frontera. La movilización de organizaciones y familiares de las víctimas debe remitir a una profunda reflexión al gobierno nacional, regional y local, a efectos de superar esta situación con un pueblo que ha resistido tanto, y un pueblo que sólo procura trabajar, entiendo que en frontera la situación es muy difícil, hay delincuencia y contrabando, pero sabiendo llevar esta situación de manera clarificada, se pueden lograr cosas importantes para la Guajira”, aconsejó.

  

Publicado en WAYUUNAIKI


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