La ONU calcula en 30 mil millones de dólares anuales ganancias de industrias farmacéuticas. El negocio es camuflajeado tras oscuros sistemas de propiedad intelectual
Leonel López
500 años de después de la llegada de colonizadores al continente amerindio y de lidiar con la opresión europea, los pueblos indígenas no terminan de enfrentar una batalla cuando deben alistarse para otra. Tal como ocurrió a lo largo de cinco siglos cuando resistieron al exterminio de aquéllos bárbaros del viejo continente, ahora la ofensiva es para proteger el legado científico heredado de sus antepasados del robo despiadado perpetrado por un nuevo enemigo al acecho: la biopiratería.
El término con el que se define la apropiación y aprovechamiento ilegal de los conocimientos tradicionales y recursos biológicos de las comunidades aborígenes no pudo ser más acertado, pues precisamente el asalto y la usurpación eran tan propios de piratas y corsarios. A través de la biopiratería, grandes trasnacionales, poderosas farmacéuticas, y hasta gobiernos, han monopolizado ciencias autóctonas acumuladas por miles de años.
Valiéndose de registros de patentes y modernos sistemas de propiedad intelectual por medio de las cuales logran camuflar sus actividades, se han hecho de derechos exclusivos de unas cuantas recetas propias de la farmacología indígena, además de sus recursos.
Un negocio muy lucrativo
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estima que la industrial farmacéutica de los países industrializados genera un beneficio anual de 30 mil millones de dólares sólo a partir del uso farmacológico de plantas medicinales de los países en desarrollo, otras estimaciones indican que la biopiratería ha abonado alrededor de 4.5 billones de dólares anuales a multinacionales del norte del mundo.
Sin embargo, la investigadora y miembro del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración (Grupo ETC), Silvia Ribeiro, nos muestra cifras diferentes al referir que el mercado de fármacos derivados de plantas, solamente en Estados Unidos, era de 68 mil millones de dólares anuales.
“De éstas, se estima que las tres cuartas partes están basadas en plantas que eran utilizadas antes por indígenas, lo que permitió su posterior "descubrimiento" por parte de empresas farmacéuticas”, reveló.
Según Ribeiro, la biopiratería sigue actuando y creciendo más allá de las negociaciones internacionales. “Aunque hay un cuestionamiento ético y político muy extendido a la biopiratería, los sistemas de propiedad intelectual siguen avanzando y tomando nuevos campos, por ejemplo a través de la convergencia con nuevas tecnologías, como la genómica y la nanotecnología (manipulación de los átomos y moléculas)”, expresó.
La representante del Grupo ETC en México, expone como ejemplo el caso del investigador Yang Mengjun, quien consiguió 900 nuevas patentes sobre hierbas usadas en la medicina china tradicional, alegando formulaciones nanotecnológicas de éstas.
El juego mental de las patentes
La cortina de humo para cubrir la biopiratería es precisamente el registro de patentes, no existe marco un marco legal a escala internacional que frene este tipo de actividades como refiere Silvia Ribeiro. “Realmente no lo hay, porque lo único que podría prevenir efectivamente la biopiratería sería que no se permitieran patentes ni sistemas de propiedad intelectual de ningún tipo”, argumentó.
Según ella, ni siquiera el Convenio sobre Diversidad Biológica impide la privatización, sino que solo establece el “reparto de beneficios”. “Esto es un sistema que favorece a las mismas empresas e instituciones biopiratas, ya que básicamente dice que aunque se privaticen los recursos o conocimientos, se pagará alguna ‘compensación’ por su uso”.
Sobre esa premisa, opina la investigadora que “el problema no es cuán grande o chica sea la compensación, sino que la contrapartida es que esos recursos y conocimientos puedan ser patentados o registrados para uso comercial”.
“Esto significa que ya nos trasladaron a su terreno, al mercado, a que los conocimientos y recursos indígenas y campesinos dejen de estar al servicio del bien común y pasen a ser mercancías. Entonces, además del robo de recursos y conocimientos, se roban el alma y el espíritu de los pueblos y comunidades indígenas. La biopiratería existe y es totalmente impune”, sentenció.
Saqueo en Venezuela
Para el catedrático de la Universidad de Los Andes, Julio Cesar Centeno, los pueblos indígenas suramericanos se encuentran prácticamente indefensos ante la biopiratería. Según él, más del 75% de los recursos genéticos del planeta se encuentra en los países en desarrollo. “No debe así sorprendernos que se haya desatado una poderosa y muy bien articulada estrategia, por parte de los países mas poderosos del planeta y sus empresas transnacionales, para apoderarse de esta fabulosa riqueza natural”, prevé.
Y en lo que respecta a Venezuela, Centeno considera que el reconocimiento de los derechos de las poblaciones indígenas en la constitución nacional, incluyendo el derecho sobre sus territorios ancestrales, “genera una estrecha relación entre biodiversidad, recursos genéticos y poblaciones indígenas”. Sin embargo, Venezuela ha sido, y continúa siendo, víctima de la biopiratería”, agregó.
“La nefasta presencia de la organización norteamericana Las Nuevas Tribus durante décadas en las selvas venezolanas contribuyó no solo a destruir el patrimonio cultural, mitológico y religioso de comunidades indígenas. Sirvió también para realizar exploraciones para la localización, identificación y cuantificación de recursos minerales y biológicos de carácter estratégico, así como para el saqueo de buena parte de los conocimientos ancestrales de las comunidades indígenas que sufrieron su presencia, recordó.
Caso Yanomami
Pero el saqueo de Las Nuevas Tribus no es el único cometido en territorio venezolano, pues según el especialista forestal Julio Cesar Centeno, otro caso paradigmático de usurpación ocurrió en 1998 cuando el ministerio del ambiente, bajo la administración del ex presidente Rafael Caldera, firmó un contrato con la Universidad Federal de Zurich, Suiza en el que otorga derechos de acceso a los recursos genéticos y a recursos "intangibles" del territorio Yanomami.
“Los –recursos-'intangibles' incluyen los conocimientos y prácticas ancestrales de las comunidades indígenas. Dicho contrato fue suscrito sin la debida notificación a las poblaciones Yanomami y sin su consentimiento”, explicó.
Relató el catedrático de la ULA que La entrega fue total, incluyendo el registro de patentes de comercio e industrialización. “Los posibles beneficios se reparten entre la Universidad Federal de Zurich y el Ministerio del Ambiente de Venezuela, que sólo se conforma con el 20 porciento de los derechos de regalías por patentes, comercialización e industrtialización de los productos o sustancias que se deriven de las investigaciones y descubrimientos del uso de los recursos genéticos otorgados, mientras que el 80 restante era para los suizos”, acotó.
Además de excluirlos del contrato, Centeno concluye que “el Ministerio del Ambiente, en representación ilegítima de todos los venezolanos, se hizo partícipe de un grotesco e inusitado despojo del conocimiento ancestral de las comunidades Yanomami”.
De esta manera, el último de los tesoros guardados en la memoria de los pueblos originarios empieza a ser desmembrado, capitalistas farmacéuticos, trasnacionales y hasta los gobiernos se apropian brutalmente de los conocimientos y recursos con los cuales el indígena ha podido sobrevivir en el planeta, por lo que su voz se deja escuchar de nuevo y hace eco por toda América Latina pidiendo salvar su legado cultural
Publicado en WAYUUNAIKI
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