“Delitos de NUEVAS TRIBUS en Venezuela fue respaldada por gobernantes de turno”
Leonel López
Guajira
El 12 de octubre de 2005 resultó un día histórico en la reivindicación de los derechos indígenas en Venezuela. El presidente Hugo Chávez, durante una alocución en el marco del día de la resistencia y en cadena nacional, expulsa del país la organización religiosa norteamericana Nuevas Tribus, dejando atrás más de 50 años en el saqueo de los recursos naturales y biológicos de los pueblos indígenas asentados en la gran Sabana, además de un agresivo proceso de etnocidio cultural.
En Venezuela, previo a la reforma constitucional de 1999 y ante la ausencia de mecanismos legales como la ley orgánica de pueblos y comunidades y indígenas, (lopci), la biopiratería hundió sus garras en el corazón mismo de las selvas venezolanas y se tragó siglos de saberes y conocimientos ancestrales de los pueblos aborígenes. Tristemente, y como lo reseña en esta primera entrega sobre biopiratería el ambientalista venezolano Julio Cesar Centeno, los gobiernos de la llamada “cuarta república” orquestaron actividades ilegales como el de las nuevas tribus y de otras instituciones como se leerá a continuación.
1) ¿Porqué Venezuela resulta tentadora para las transnacionales biopiratas?
Venezuela es uno de los ocho países más ricos en diversidad genética del mundo. Esta diversidad se encuentra estrechamente vinculada a los bosques naturales del país.
El reconocimiento de los derechos de las poblaciones indígenas en la constitución nacional, incluyendo el derecho sobre sus territorios ancestrales, genera una estrecha relación entre biodiversidad, recursos genéticos y poblaciones indígenas. La apropiación de los recursos genéticos y de los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas, por corporaciones y centros de investigación transnacionales, implica el despojo de uno de los recursos más importantes tanto de las comunidades indígenas como de la nación venezolana.
2) Mencione, por favor, algunos casos de biopiratería en Venezuela
Investigadores de la Universidad de California pretenden haber "descubierto" un agente anti-inflamatorio llamado pseudopterosin, obtenido deL Pseudopterogorgia elisabethae presuntamente en aguas venezolanas del Mar Caribe. Este producto forma parte de una crema comercializada por la empresa Estee Lauder llamada Resilience. La organización canadiense RAFI estima que sólo entre 1998 y el año 2000 esta patente le generó a la Universidad de California regalías por mas de 750.000 dólares. La universidad también ha llegado a acuerdos de comercialización sobre el mismo producto con otras dos empresas, OsteoArthritis Sciences Inc y Nereus Pharmaceuticals. Ya para el año 2000 se estimaban beneficios millonarios por este concepto.
3) La organización nuevas tribus, ¿practicantes de la biopiratería?
-Venezuela ha sido, y continúa siendo, víctima de la biopiratería. La nefasta presencia de la organización norteamericana Las Nuevas Tribus durante décadas en las selvas venezolanas contribuyó no solo a destruir el patrimonio cultural, mitológico y religioso de comunidades indígenas. Sirvió también para realizar exploraciones para la localización, identificación y cuantificación de recursos minerales y biológicos de carácter estratégico, así como para el saqueo de buena parte de los conocimientos ancestrales de las comunidades indígenas que sufrieron su presencia.
La actividad delictiva de las Nuevas Tribus en territorio venezolano no sólo estuvo frecuentemente respaldada por los gobernantes de turno, sino que con frecuencia se recurría a violaciones flagrantes de la legislación vigente para facilitar el despojo del país.
4) ¿Explíque, Dr. Centeno, el fiasco que rodeó el “contrato yanomami”?
-A finales del año 1998, durante el período de transición de gobierno entre el presidente saliente Rafael Caldera y el presidente entrante Hugo Chávez, el Ministerio del Ambiente de Venezuela firmó un contrato con la Universidad Federal de Zurich, Suiza, en el que otorga derechos de acceso a los recursos genéticos y a recursos "intangibles" del territorio Yanomami. Los 'intangibles' incluyen los conocimientos y prácticas ancestrales de las comunidades indígenas. Dicho contrato fue suscrito sin la debida notificación a las poblaciones Yanomami y sin su consentimiento. El contrato representa un inusitado saqueo de los conocimientos ancestrales de los Yanomami y de la biodiversidad genética de su territorio.
El contrato explícitamente le otorga al colegio Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) de Zürich, Suiza, una concesión para el acceso a los recursos genéticos y sus productos derivados "...con fines de investigación, prospección biológica, conservación, aplicación industrial y aprovechamiento industrial, entre otros". También incluye el acceso y aprovechamiento de los componentes intangibles
5) En el reparto de beneficios, ¿hubo alguna ganancia para el pueblo yanomami?
La entrega fue total, incluyendo el registro de patentes de comercio e industrialización. Los posibles beneficios se reparten entre la Universidad Federal de Zurich y el Ministerio del Ambiente de Venezuela. El Ministerio se conforma con el 20% “de los derechos de regalías por patentes, comercialización e industrtialización de los productos o sustancias que se deriven de las investigaciones y descubrimientos del uso de los recursos genéticos otorgados en concesión al ETH". El 80% restante es para los Suizos.
Los indígenas fueron excluidos de las negociaciones de sus propios conocimientos y prácticas ancestrales. Fueron también excluidos de la repartición de los beneficios que pudieran derivarse. El contrato deja unilateralmente a juicio del ETH la decisión final sobre el otorgamiento a los indígenas de un porcentaje de los beneficios derivados del contrato de concesión, a través de posibles negociaciones directas con los indígenas, sin la participación del estado venezolano.
De esta manera, el Ministerio del Ambiente, en representación ilegítima de todos los venezolanos, se hizo partícipe de un grotesco e inusitado despojo del conocimiento ancestral de las comunidades Yanomami. .
El insólito contrato incluye además un pago de 30% de su costo "para las comunidades indígenas involucradas cuyo conocimiento esta siendo utilizado". El costo del contrato se establece en 30.000 francos suizos, unos 18.000 dólares. Ese pago es además negociable, por lo que podría al final convertirse en el motor de una lancha, o cualquier otra cosa.
6) ¿Fue entonces un negocio abiertamente respaldado por el gobierno del ex presidente Rafael Caldera?
-El Congreso Nacional de aquella época había aprobado una nueva Ley de Biodiversidad el año anterior. Pero, coincidentemente, el presidente Caldera la devolvió a la Procuraduría "para su estudio". En el período intermedio se agiliza la entrega de los permisos necesarios para realizara esta investigación, cuando el país carecía de legislación adecuada sobre la materia.
El contrato lo firma Rafael Martinez Monro, Ministro del Ambiente, en representación de la República de Venezuela, sólo días antes de la toma de posesión del presidente Hugo Chávez. El Ministerio del Ambiente se caracterizó por ser uno de los brazos más corruptos de la administración del presidente Rafael Caldera. En representación del ETH aparece la firma de su vicepresidente, Albert Waldvogel.
Un año después de este vergonzoso caso, característico de las prácticas de la época y el trato denigrante a los pueblos indígenas, se aprobó la nueva constitución nacional. “Irónicamente el artículo 124 establece: Se garantiza y protege la propiedad intelectual colectiva de los conocimientos, tecnologías e innovaciones de los pueblos indígenas. Toda actividad relacionada con los recursos genéticos y los conocimientos asociados a los mismos perseguirán beneficios colectivos. Se prohibe el registro de patentes sobre estos recursos y conocimientos ancestrales".
7) En cuanto a la base de datos Biozulua, ¿cuáles son sus impresiones?
-Una fundación privada operando en Venezuela, FUDECI, ha creado una base de datos llamada Biozulua. Incluye cientos de registros sobre recursos animales, vegetales y minerales utilizados por las comunidades indígenas del Amazonas venezolano y su localización geográfica a través de posicionamiento GPS. Organizaciones indígenas venezolanas han denunciado que las actividades de FUDECI se realizaron sin el consentimiento previo de las comunidades afectadas, y que la mayor parte de la información fue suministrada sin estar debidamente informados que pasaría a formar parte de una base de datos propiedad de FUDECI. Nada impide que esta organización comercialice la información recolectada. La fundación reconoce que entre sus actividades se encuentran el "Rescate de Conocimiento Ancestral" y el "Biocomercio". Las organizaciones indígenas solicitan la intervención de las autoridades nacionales para evitar que se comercialice con la información y para que el manejo de dicha base de datos sea reservado a las comunidades indígenas.
8) El artículo 124, la lopci y otras leyes inherentes, ¿si logran hacerle frente a estas prácticas?
Lamentablemente, es escaso el avance práctico para hacer cumplir estos y otros preceptos constitucionales. Las selvas de Imataca, del Caura y del alto Orinoco son sólo algunos de los territorios que se han convertido en campo libre para la bio-prospección, la exploración y cuantificación de recursos biológicos, genéticos y farmacológicos por parte de grupos pseudo-científicos y pseudo-ambientalistas, tanto internacionales como nacionales. Urge que tanto el gobierno nacional como los pueblos indígenas eleven su nivel de consciencia sobre las amenazas para sus propios intereses tras este tipo de actividades, enmascaradas en presuntas iniciativas científicas, ambientalistas o humanitarias.
La constitución nacional explícitamente prohíbe el registro de patentes sobre los recursos genéticos y sobre los conocimientos ancestrales de comunidades indígenas. Sin embargo, el Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica si los permite, amparando así las actividades delictivas que sobre esta materia proliferan sin control en las selvas tropicales suramericanas.
En consecuencia, urge una acción conjunta y coordinada tanto por los gobiernos de los países amazónicos, como por los diferentes grupos indígenas de la región, para establecer mecanismos que impidan y penalicen la biopiratería, la expropiación de recursos genéticos y el saqueo de los conocimientos ancestrales de las comunidades indígenas.
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