Experiencias binacionales de desarrollo humano y construcción de paz en la Guajira Colombo-Venezolana

Leonel López

Opinión

En la Guajira      Colombo-venezolana podría asegurar sin riesgo a equivocarme que los procesos binacionales de “Desarrollo humano” y “construcción de paz" han sido altamente escasos. Si de "desarrollo humano" se trata, y abordando en primera instancia el área de la salud, a través de un acuerdo de los gobiernos locales del Departamento de La Guajira y el Estado Zulia, el 12 de octubre de 1994 se inició una primera experiencia con la puesta en marcha del hospital binacional de Paraguaipoa, ubicado en la parroquia Guajira de este municipio, que para entonces llevaba el nombre de Municipio Páez (desde el año 2010 se le cambió el nombre a Municipio Guajira en consulta popular). Dicha experiencia buscaba satisfacer las necesidades de las comunidades indígenas wayuu asentadas en la alta, media y baja Guajira colombo-venezolana, pero a falta de inversión económica, el hospital Binacional nunca se logro consolidar, y contrario a ello, el centro de salud hasta la fecha apenas sobrevive en medios serias deficiencias administrativas, de sus servicios hospitalarios, e infraestructura en pésimas condiciones.

En lo que respecta al área educación, tampoco existe algún tipo de alianza o convenio binacional que permita socializar las experiencias etnoeducativas o de la educación intercultural bilingüe que se desarrollan en ambos lados de la frontera. En la Guajira venezolana, inclusive, la educación superior  apenas da sus primeros pasos con la construcción de la primera aldea universitaria y que le abrió las puertas  muchos jóvenes a ese nivel de educación.

En lo que respecta a comunicación, se destaca un primer paso hace 12 años con la creación de periódico WAYUUNAIKI, dedicado a la temática indígena tanto en Venezuela como en Colombia. A través del mencionado medio se visibilizó el rostro oculto de las comunidades indígenas y su nacimiento coincidió con la entrada en vigencia del capítulo ocho de la constitución nacional con su articulado indígena.

 Ya para el año 2008 germina una experiencia que convoca a periodistas y comunicadores wayuu de ambos países al que se le denomino Fundación de Comunicadores de la Wajira (Funconiwa), el cual buscaba equilibrar la intensidad con que los medios colombianos llenaban el espectro radioeléctrico de la Guajira venezolana a tal punto que la población esta mas contextualizada con la realidad sociocultural colombiana. Tras iniciar una jornada en la comunidad de Paraguaipoa con la colecta de firmas, el objetivo en primera instancia de Funconiwa era solicitar al Estado venezolano la instalación de una antena repetidora que le permitiera al pueblo de la Guajira el disfrute de la señal de medios públicos. La tarea al final dio resultado, y hoy en la Guajira opera la señal radiofónica de medios como RNV, TIUNA FM, además del nacimiento de Radio Wanuiki.

El proceso de funconiwa muto a otra esfera comunicacional más amplia y tras una convocatoria y realización de un encuentro en la Guajira venezolana de comunicadores y comunicadoras wayuu de Colombia y Venezuela en lo que se denominó 1ra y 2da. Mesa de Comunicación del Pueblo Wayuu, se creo la Red de Comunicación del Pueblo Wayuu, con el propósito de establecer un mecanismo propio de intercambio de informaciones, divulgar información sociocultural referente al pueblo wayuu, fortalecer la comunicación propia, la apropiación y uso de TICs, la creación de un observatorio que monitoree las informaciones difundidas por los medios con respecto al pueblo wayuu, entre otros aspectos. Tras 2 encuentros, la red aun se mantiene, aunque aun no definen a ciencia cierta sus funciones y tareas, apenas mantiene un protagonismo intermitente en las redes sociales.

Finalmente, en cuanto a construcción de paz, cabe destacar el trabajo del Comité de Derechos Humanos de la Guajira, que además de su lucha en ese sentido, es la única organización que atiende el tema del desplazamiento forzado de personas procedentes de la república de Colombia. Desde el comité es que remiten los casos de personas que llegan al país por la Guajira y que vienen huyendo del conflicto colombiano, incluso la mayoría de esas personas se han establecido dentro de las comunidades, ACNUR en pocas ocasiones monitorea la zona para cerciorarse de esta situación que casi a diario se vive en la Guajira. Una de las acciones que si debo destacar como wayuu es de los trabajos que en conjunto realiza la unicef en la Guajira en atención a la niñez y la infancia, los cuales abarcan programas de educación intercultural bilingüe, y otras actividades en conjunto con el Instituto Radiofónico Fe y Alegria (Radio Fe y Alegría Paraguaipoa) con el lanzamiento de campañas de concienciación dirigida a fortalecer los derechos de las niñez y adolescencia del pueblo añu y wayuu.

Entonces, en resumidas cuentas, la alianzas binacionales muestran una gran debilidad y de allí que los procesos de construcción de paz y desarrollo humano sean altamente escasos humanos sean escasos.

30 % del territorio Guajiro sería intervenido por multinacionales con el desvío del río Ranchería

El río ranchería en el ojo de un huracán, organizaciones, grupos indígenas y hasta curiosamente políticos van en contravía a las pretensiones de Cerrejón de intervenir el curso del Ranchería.   

Leonel López

Hace dos meses salió una misiva de la comunidad ribereña de Pancho, a orillas del río Ranchería, Guajira colombiana. Era una conmovedora carta que salió de la pluma de la escritora Vicenta Siosi Pino, wayuu apushana, dirigida al presidente colombiano Juan Manuel Santos solicitando su ayuda ante las repercusiones culturales a pueblos indígenas e impactos ecológicos que traería consigo la desviación del cauce del Ranchería unos 26.5 kilómetros, un ambicioso proyecto de la empresa minera Cerrejón denominado P500 “IWOU’YAA”, y con el cual se pretende explotar 500 millones de toneladas de carbón depositadas bajo la cuenca del afluente.

Las líneas de la escritora wayuu tuvieron acogida, primero, en las redes sociales, facebook, twitter, blogs, y otras herramientas virtuales donde decenas de miles de personas hicieron periodismo ciudadano y difundieron la carta como pólvora, el asunto empezó a tener notoriedad en toda Colombia al ser reseñado por medios tan importantes como El Tiempo, El Espectador, la revista Semana, entre otros periódicos nacionales e internacionales. La resistencia en contra de la desviación del río Ranchería dejó de ser un asunto de grupos ecologistas e indígenas, para convertirse en tema de opinión pública y el “sacacorchos” que dejó ver las operaciones de Cerrejón en casi treinta años.

A la luz pública y por medio un foro realizado en la ciudad de Riohacha la semana pasada, fueron expuestos ante unas 600 personas, entre estudiantes, políticos, organizaciones y autoridades tradicionales wayuu e indígenas iwa, datos, cifras, estadísticas, testimonios, y hasta explicaciones científicas  sobre cómo se desarrollado la mayor extracción minera a cielo abierto en el territorio de los wayuu.

La operación descomunal de Cerrejón

Según Aurelio Suárez, miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, Cerrejón, desde 1985 hasta el año 2009, exportó 444 millones de toneladas de carbón, una descomunal operación que le generó a la multinacional ganancias por el orden de los 18 mil 299 millones de dólares americanos (más de 32 mil billones de pesos),  Pero lo cumbre de esta situación, según el economista, fueron las regalías entregadas a La Guajira a partir de las ganancias de la empresa minera: mil 461 millones de dólares, ni siquiera un cuarto del monto total percibido por sus exportaciones.

"Cerrejón ocupa el primer lugar entre las principales minas a cielo abierto mas grandes del planeta, con la intervención de 69 mil hectáreas de tierras, y con capacidad de producción de 30 millones de toneladas al año", precisó Suárez.

En la Guajira están vigentes 73 títulos mineros, pero además se están procesando 350 solicitudes más de títulos para intervenir alrededor de 600 mil hectáreas de tierra. “Eso equivale a 6 mil kilómetros cuadrados, un 29 porciento del departamento de La Guajira cuya extensión es de 20 mil 848 km2”, detalló Suárez.

Políticos irrumpen en la lucha antiminera

Por otro lado, resulta inusual que miembros del sector político se involucren en esta pugna por el río Ranchería, una actividad comúnmente protagonizada por grupos ecologistas y comunidades indígenas, y precisamente el foro Impactos de la Megaminería en La Guajira fue respalda por la gobernación de esa entidad algunas alcaldías, y de destacadas figuras políticas como lo fueron los parlamentarios Jorge Ballesteros, Alfredo Deluque y Jimmy Sierra, representantes ante el congreso de Colombia.

En parte, esta curiosa participación obedece a que el gobierno departamental, además de los senadores, se oponen al nuevo régimen de regalías en Colombia, pues según ellos, el departamento dejó de percibir menos cantidad de recursos a través de ese nuevo sistema de distribución.

De igual forma, la semana pasada el partido Liberal colombiano fijó posición ante el desvío del afluente y su presidente, Simón Gaviria, expresó que defenderán en los estrados nacionales a los wayuu. “Así como nos opusimos en Santurban y en San Andrés, ahora nos oponemos en La Guajira porque los cauces, los ríos y pantanos tienen una razón de ser geológica, eso sería un crimen de lesa humanidad ambiental y cultural”, precisó el presidente de la Cámara de Representantes.

Una de las grandes anomalías denunciadas por el partido Liberal en la ciudad de Riohacha fue la forma en que se realizaron las consultas previas en las comunidades aledañas al río, en el mes de marzo, en donde se concertaron a través de actas en preacuerdo, la dotación de lanchas, construcción de canchas, implementos agrícolas, entrega de ganado caprino, y otras promesas, a cambio de permitir el desvío del río.

Colombia, el paraíso fiscal de las compañías mineras

Por su parte, Álvaro Pardo, director de Colombia Punto Medio, es enfático en señalar que Colombia posee una política de promoción minera “como si el país estuviera en subasta”. “Funcionarios del gobierno vendiendo al país como si estuviéramos en un período de rebajas, estamos entregando todo! Colombia, más que un país minero, es un paraíso fiscal”.

“Tenemos de otro lado, un discurso doble de las compañías mineras, el discurso público, de las cosas que hacen, de sus actividades de responsabilidad social, sus aportes fiscales y regalías, pero por otro lado, el discurso real, haciendo lobby en Bogotá, presionando a través de los medios, hablando con sus ‘amigos’ en los ministerios  y en el congreso y así lograr una normatividad que facilite lo que hoy quieren hacer, pagar lo mínimo y extraer lo máximo, esa es la regla de juego”.

Plantea el periodista, experto en el tema tributario minero, que los estatutos de impuestos en Colombia presentan “privilegios de los que las compañías gozan en Colombia”. Como ejemplo, plantea que para el año 2004-2005, durante el gobierno de Álvaro Uribe, se aprobó uno de los privilegios más onerosos para el país, se trataba de la reducción del tributo por la compra de activos fijos reales. “Significaba que cuando una compañía compraba en el extranjero un equipo que le costaba un millón de dólares, podía traerlo al país y tan pronto presentaba su declaración de renta, tenía derecho a descontar el 30 por ciento de lo que había costado esa máquina de sus impuestos. En el año 2010 ese privilegio fue eliminado pero se trató de una de las deducciones más onerosas para el país y donde más contribuimos los colombianos a mejorar la renta de las compañías mineras del país”, explicó.

En ese sentido, Fernando Sarama, reconocido tributarista colombiano, publicó en el año 2010 expuso en su libro “Estatuto tributario comentado” lo siguiente: “La aplicación simultánea del 30 porciento de deducción por compra de activos fijos, y la amortización en línea recta (consiste en dividir el valor del activo entre la vida útil del mismo) tienen un efecto perverso, y es que los empresarios mineros no sólo recuperaban el 100 por ciento de su inversión, sino que además los colombianos les regalamos 13 por cada cien invertido, es decir que no solamente estamos entregando nuestros recursos a muy bajo costo sino que además les estamos pagando a estas compañías por el favor de operar en el país”.

         Datos sobre las operaciones de Cerrejón                                                    

• Accionistas: Cerrejón pertenece a las multinacionales BHP Billiton, Xstrata y Anglo American.
• Reservas de carbón: Sus reservas están calculadas en 4.600 millones de toneladas, que contempla la exportación del carbón bituminoso —de alto poder calorífico— en una cantidad de 16,5 millones de toneladas durante 23 años.
• Destino del carbón exportado: Dinamarca, Irlanda, Finlandia, Estados Unidos, España, Israel, Puerto Rico y Brasil.
• Empleo: De los 10.000 empleados del complejo, 4.700 son guajiros y sólo el 1% es indígena.
• Ganancias para ejecutivos: Uno de los dueños de Cerrejón percibe 80 mil millones de pesos al año en utilidades.
• Producción anual : Cerrejón produce hoy 32 millones de toneladas anuales de carbón, la mitad de lo que el país exporta
• Devastación: Cerrejón utiliza 61 mil 800 toneladas de explosivo de nitrato al año, el equivalente a tres bombas sobre Hiroshima.
• Cantidad de tierra removida: La empresa remueve alrededor de 230 millones de metros cúbicos de tierra al año.

La Guajira despresada

Por: Alfredo Molano Bravo/Especial para El Espectador

Alfredo Molano le hace seguimiento a la polémica por el desvío del río Ranchería para que las multinacionales exploten 600 millones de toneladas de carbón que yacen bajo su curso.

Durante muchos siglos, La Guajira fue considerada tierra de nadie: una tierra despoblada, desértica, donde corría el viento. Hubo perlas en una época, pero los españoles se las llevaron. Después quedaron sólo cardones y soledades. Los indígenas fueron clasificados como salvajes y, por tanto, era lícito matarlos para defender el comercio y la civilización. Se trataba de un territorio baldío. Para España La Guajira fue un dolor de cabeza porque la península constituía un puente entre el continente y las Antillas Menores, en manos de ingleses y holandeses, que desafiaban desde allí el monopolio comercial de la Corona. Por Aruba y Margarita entraba el contrabando de mercaderías que llegaba hasta Mompox, y desde allí a las zonas mineras de Antioquia y Cauca. Los wayúus eran más amigos de los contrabandistas que de las autoridades y muchas fueron las guerras y los levantamientos contra España. Los indígenas eran seminómadas y conocían al dedillo todos los caminos. En la última guerra civil el general Manjarrés o el general Acosta —o cualquiera de ellos— los utilizó como guías de trocha. Durante medio siglo los indígenas y los mestizos guajiros siguieron usando su territorio como camino del contrabando.
La frontera
López Pumarejo declaró a la alta Guajira puerto libre. La flexibilidad fronteriza se acabó cuando se comenzó a explotar a gran escala el petróleo en el lago de Maracaibo. Entonces el Gobierno se puso serio y firmó un tratado de límites (1941) que dejó en el aire el islote de Los Monjes, que el gobierno conservador de Gómez quiso entregar a Venezuela a cambio de que se cerrara la frontera a los guerrilleros del Llano y se entregara a Eliseo Velázquez, uno de sus jefes. Pocos años después, Rojas Pinilla, considerando la posibilidad de un topetazo bélico con nuestro vecino, decidió ganarse a los indígenas, para lo cual instaló cientos de molinos de viento y construyó jagüeyes. En el Frente Nacional se creó la intendencia y se declaró puerto libre a Maicao. Cigarrillos y licores, ropa y electrodomésticos salían de Bahía Portete a inundar los Sanandresitos de todo el país.
El mapa de rutas y la experiencia del trato ilegal sirvieron para exportar, desde Santa Marta hasta Puerto Estrella, toda la marihuana que se produjo en la Sierra Nevada y en la serranía del Perijá en los 70 y 80, y criar una red mafiosa que se engulló la administración pública, el puerto libre y la débil economía legal. Con el tráfico de cocaína, la mafia se volvió una estructura paramilitar poderosa que sustituyó al Estado. Puertos, aeropuertos, puestos públicos y negocios particulares hicieron parte de un tejido que ningún gobierno ha podido desmontar ni doblegar.
El carbón
La media y la baja Guajira fueron durante el reinado del contrabando caminos de paso asociados a las redes ilícitas, hasta que en los años 70 se descubrió el Cerrejón, la enorme mina de carbón que una década después se comenzó a explotar a cielo abierto. Los atropellos contra las rancherías wayúu fueron brutales. La Fuerza Pública y la mafia armada apoyaron los desalojos, la escisión del territorio ancestral y el despoblamiento de las zonas de interés minero. Los conflictos entre indígenas y compañías mineras nunca han terminado, a pesar de los sostenidos esfuerzos de las compañías por capturar de cualquier forma la voluntad de los wayúu. Entre los principales señuelos han estado el ofrecimiento de empleo, el aumento de las regalías y el mejoramiento de los servicios públicos, promesas publicitarias que nunca se han cumplido: de los 10.000 empleados del complejo, 4.700 son guajiros y sólo el 1% es indígena. En relación con el mejoramiento de la calidad de vida, hay proporciones económicas que muestran el vínculo real entre la mina y la región: la inversión en compensaciones sociales a las comunidades wayúu entre 1982 y 2002 ha sido cercana a cinco millones de dólares, lo que representa la producción de carbón de dos días y medio. El Cerrejón produce hoy 32 millones de toneladas anuales de carbón, la mitad de lo que el país exporta, pese a lo cual el 70% de los guajiros vive en la pobreza y el 31% en la extrema pobreza. Sólo son más pobres Vichada y Chocó.
La tragedia de Fukushima puso en tela de juicio la producción de electricidad a partir de energía nuclear, y el precio del carbón se disparó en el mercado mundial de 40 dólares la tonelada hasta llegar a 230 dólares hoy. El Cerrejón, que hoy pertenece en su gran mayoría a las multinacionales BHP Billiton, Xstrata y Anglo American, ha comenzado a poner en marcha un plan de expansión que le permitirá llegar a doblar su producción anual en los próximos 20 años. Esta meta implica explotar un depósito de 600 millones de toneladas que yacen bajo el curso medio del río Ranchería. Aprovechar esta mina implica la desviación del río en un tramo de 26 kilómetros que afectaría en el 40% las aguas aportadas por el acuífero aluvial localizado en sus riveras y bajo su cauce. Hay que recordar que el Ranchería es el único río que riega la zona semidesértica de la media y la baja Guajira, en su gran mayoría territorio de resguardos wayúu. Los indígenas han protestado porque temen que la obra ponga en peligro su modo de vida, que la wayúu Vicenta Siosi describe así:
“Las gentes por aquí viven de la pesca. Aun los niños capturan lizas, bagres, bocachicos y camarones, que son nuestro alimento. Las mujeres recogen cerezas, iguarayas, mamoncillos, cotoprix, coas silvestres para venderlas. Algunos wayúu tienen rosas permanentes junto al río. Con gran esfuerzo, cargan el agua con baldes y riegan mata por mata. Otros toman barro y agua del río para fabricar ladrillos destinados a la construcción de viviendas citadinas”.
El proyecto de expansión debe ser consultado por ley con las comunidades indígenas. De hecho, la compañía ha comenzado a dar pasos en esa dirección rodeada de un extraño silencio sobre los verdaderos alcances e impactos del proyecto. Parecería que busca primero la aceptación de las comunidades, antes que la exposición del objeto y los efectos de la obra. Empleados de la compañía, acompañados por funcionarios del Ministerio del Interior, citan a las comunidades para divulgar los beneficios de los planes de expansión, evadiendo o mistificando los impactos negativos. El Gobierno avala los argumentos de la compañía con un silencio aparentemente imparcial pero cargado de contenidos a favor de la empresa, que suele ofrecer todo tipo de regalos como forma de compensación sobre aquellos efectos negativos que no puede esconder. La estrategia, tanto de la minera como del Gobierno, consiste en convencer a las comunidades con los ofrecimientos, o por lo menos dividirlas, para negociar con una de las partes a nombre de la totalidad. Previamente a la citación, la empresa divulga de manera sistemática un cuadro rosado y verde del futuro de la región. Sobra decir que los planes de expansión vienen acompañados por un aumento importante de la presencia de Fuerza Pública y medidas de seguridad.
Como es de suponer, el desvío del río tiene efectos, no sólo sobre la población, sino sobre la fauna y la flora. Los ‘animales de noche’, como los llaman los wayúu, que son los que llamamos salvajes, serían arriados por medio de explosiones sonoras hacia determinadas áreas, según los planes ambientales de la compañía. Los ‘animales de día’, o sea los domésticos, correrían la misma suerte de las comunidades que deben ser desplazadas, como la de Manantial de Cañaverales. Es un corregimiento del municipio de San Juan, de una fertilidad y de una frescura excepcionales en la región, porque tiene un gran ojo de agua. Es un nicho rodeado de gigantescas ceibas y caracolíes, habitado por una familia de micos churucos, donde de un acuífero nace un agua transparente, ligeramente azulada. Un paraíso chiquito y cuidado por la comunidad. El manantial riega la zona y sirve el acueducto del pueblo. Aunque en los planes no está —por ahora— el traslado, la población lo teme porque el afloramiento de carbono estudiado por los geólogos está a menos de dos kilómetros del poblado. Todo el mundo conoce la historia de Tabacal, un pueblo que fue destruido en 2001 por orden de una juez para satisfacer intereses económicos de la concesión a la Exxon Mobil.
Desplazamientos
Por Manantial de Cañaverales pasa una carretera donde convergen trochas que una con otra unen San Juan con Maicao. Es el camino de la llamada Caravana de la Muerte. Se trata de una flota permanente de vehículos que transportan gasolina de contrabando desde Venezuela hasta Cuestecitas, por un lado, y hasta La Paz, Cesar, por otro. En Venezuela un galón de gasolina cuesta 200 pesos colombianos, en Maicao, 2.000; en Bucaramanga o Barranquilla, 6.000. Cálculos hechos en la vía dan cuenta de que por Manantial de Cañaverales pueden pasar 9.000 galones diarios de combustible. Los pasos estratégicos parecen estar controlados por las Farc, mientras que la caravana por los paramilitares.
La vía se cruzaría con el trazado de un ferrocarril entre las minas de San Juan y el nuevo puerto multimodal de Brisas, en Dibulla, que se ha comenzado a planear. Es un nuevo proyecto de explotación, realizado por la compañía brasileña MPX, de un yacimiento de 5.200 millones de toneladas de carbón, que permitirá exportar 25 millones anuales. La inversión inicial se calcula en 5.500 millones de dólares e incluye la vía férrea de 150 kilómetros hasta el mar. Cañaverales y Papayal están en la órbita de la concesión.
Las rancherías wayúu de la zona han creado la Asociación de Autoridades y Cabildos Indígenas Wayúu del Sur de la Guajira (Aaciwasug), que se opone radicalmente a los dos grandes proyectos, el desvío del Ranchería y el ferrocarril de Brisas. Más aún, no aceptan la consulta previa: “Nunca aceptaremos —han postulado— el desvío de un río que nos da la vida. Antes del derecho a la consulta tenemos el derecho a nuestro pensamiento. Ninguno de nosotros quiere vender sus muertos, sus cementerios”.
La posición de los indígenas ha ganado un gran respaldo regional. En Riohacha se creó el Comité Prodefensa del río Ranchería y de Manantial de Cañaverales, formado por sindicatos de obreros del carbón, asociaciones campesinas y estudiantiles, políticos locales y ciudadanos, para oponerse a los proyectos. Se han organizado foros y se prepara una gran marcha departamental. El contencioso entre el movimiento cívico y la alianza —para no decir gavilla— entre el Gobierno y las empresas será una prueba de fuego para la locomotora minera.
Hoy por hoy, La Guajira está despresada en tres partes: el Norte, tomado por paramilitares —tema del que poco hablan las autoridades—; el Centro, dominado por el contrabando de combustibles, repartido entre ‘Urabeños’ y guerrillas, y el Sur, explotado por las más gigantescas y poderosas empresas de carbón del mundo. La suerte está echada. El futuro no es aún de nadie.
Junguito: “Es un proyecto apenas en evaluación”
Tan sólo dos semanas después de asumir la gerencia de El Cerrejón, en marzo de este año, Roberto Junguito Pombo aseguró a través de diversos medios de comunicación que la desviación del río Ranchería era un proyecto en proceso de evaluación para establecer si es conveniente o no para la región y la empresa.
“Es una aclaración que quiero hacer, porque me sorprenden las noticias sobre el tema, cuando este es uno de los tantos proyectos de crecimiento que tenemos y apenas está en un largo proceso de estudio que podría durar entre uno y dos años”, aseguró el ingeniero industrial, quien reemplazó a León Teicher en el cargo y quien se había negado a hablar públicamente del tema.
Junguito ha indicado que los ingenieros están estudiando otras alternativas para establecer los impactos de carácter ambiental y comunitario. “Cualquier decisión que se tome será con el visto bueno de la comunidad.
Liberales en oposición a desviación del río Ranchería
Al conocer la intención de la empresa El Cerrejón de desviar el río Ranchería, en La Guajira, para aumentar la explotación del mineral, el presidente del Partido Liberal, Simón Gaviria, anunció “el compromiso de defender la etnia wayuu y hacer oposición al proyecto con el que se pretende sacar cerca 500 millones de toneladas de carbón, afectando a las comunidades indígenas”.
Gaviria denunció que en las actas de preacuerdos para el proceso de consulta previa se están realizando pactos con los dirigentes de la comunidad buscando su apoyo al proyecto a cambio de lanchas, carrotanques, rellenos para zonas inundadas, alambre de púas, construcción de una cancha deportiva y hasta hilo para hacer artesanías.
Gaviria afirmó que este tipo de negociaciones se están llevando de forma tan irregular, que no existe mayor diferencia con lo que ocurría hace cinco siglos cuando los colonizadores españoles cambiaban oro por espejos y elementos de poco valor.

Publicado en EL ESPECTADOR
http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articulo-352210-guajira-despresada

  Bienvenido "Distrito Militar Guajira" 

Leonel López

No hay marcha atrás, la creación del Distrito Militar Guajira es eminente, las riendas del territorio wayuu y añu las llevaran oficiales que no saben ni papa del wayuunaiki o del sistema normativo wayuu, o de nuestra estructura social clanil. La descripción que hoy domingo se hizo sobre su funcionamiento en la localidad de Paraguaipoa, en teoría parece muy positiva la propuesta, pero en la practica, en su primera fase, ha sido muy desastrosa con todo lo que ha pasado y que esta de mas volver a relatar.
Me sorprendió mucho que ciertas personas quienes hace una semana exigían destituciones, investigaciones y un proceso consultivo para el distrito militar, hoy hablaron en idioma chino con un manifiesto fuera de contexto, otros prefirieron enrollar la lengua, lo cual me llevo a una conclusión: tienen que hablar o hacer cualquier cosa lo importante es protagonizar y figurar. Asimismo pensé durante la conviccente exposición sobre las competencias del distrito militar que seria bueno el asunto viéndolo desde el lado "izquierdo", que se manejen los recursos a través del D.M.G, porque era hora de arrebatarle la "vaquita lechera" a los burócratas y corruptos que se han enriquecido con el dinero del municipio Guajira, siliconas, cirugías plásticas, viajes a Panamá, "wiski" caro, "carrazos" nuevos todos los años, todo eso se acabara cuando los militares empiecen a hacer contraloria, al parecer le llego la hora a la vida de "jet-set". De ser así, bienvenido seas "Distrito Militar Guajira", solo que le rogamos a Dios que los honorables oficiales no caigan en la tentación de Judas Iscariotes como han caído algunos de nuestros paisanos. Finalmente, creo que el pueblo wayuu permanecerá impermeable a todos estos cambios, llegaran y se irán quienes procuren cambiar esto o aquello, "colonizarnos", "civilizarnos", "desarrollarnos" o "educarnos"; y después que eso pase, algunos quizá permanecerán en el tiempo para hacer memoria de lo que para entonces sera solo un recuerdo, como cuando los viejos hablan de aquellas batallas gloriosas hace muchas lluvias atrás, otros ya no estarán, lo cierto es que la memoria colectiva del pueblo wayuu no olvida, llegaran los días en que se acabara todo esto, pues nada es eterno, y las generaciones venideras reprocharan a quienes solo pensaron en su estatus personal, en cargos politicos, o en el dinero y no en la pervivencia de la Gran Nación Wayuu. Para entonces, puede que sean ancianos o ancianas cuyo recuerdo se perderá en el tiempo. Pocos escriben su historia como la escribió con su pluma Ramón Paz Ipuana, su recuerdo se estampó para siempre en nuestra historia.

 

El río Ranchería a merced de las locomotoras mineras

Carlos Victoria

Agenda Ciudadana

La locomotora minera está a punto de engullirse al río Ranchería, en la Guajira. No menos de 68 mil hectáreas serán intervenidas a lo largo de más de 20 kilómetros de su cauce, lo que implicará su desviación y con ello poner en riesgo la vida de miles de indígenas, afro descendientes y pobladores de varios municipios. Se trata del 33 % de un territorio desértico que depende de este río para su subsistencia. En el lecho del afluente hay reservas de carbón, y la multinacional brasilera MPX, se frota las manos antes de iniciar la explotación del mineral. El río se ha constituído en el freno al desierto, y ahora en icono para detener a las locomotoras carboníferas.

  Río Ranchería, símbolo de la resistencia guajira

El anuncio ha despertado el más rotundo rechazo de distintos sectores de la Guajira que desde ya preparan una serie de actividades para oponerse a la intervención del río, tal como de manera contundente lo hiciera la ciudadanía de Bucaramanga y Santander, en defensa del Páramo de Santurban. La historia de la minería a cielo abierto en la península caribeña empezó en los años 80 con la estatal Carbocol. Las reservas calculadas en el río Ranchería serían de 500 millones de toneladas, y se prevé una enorme movilización social para salvarlo.

La desviación del curso del río pondría en peligro, además, las actividades agropecuarias y el tejido social y cultural para una docena de comunidades indígenas y campesinas asentadas en sus márgenes, tal como lo ha denunciado el Comité Cívico de la Guajira contra la Gran Minería que desde ya ha convocado para el próximo 20 de noviembre a una gran movilización cívica desde la cual se busca denunciar y frenar este Megaproyecto. "A pesar de la corrupción local y la manipulación, la resistencia crece", sostiene Felipe Rodríguez, Coordinador del Centro de Estudios del Carbón.

"Cambiar un cauce afecta aguas subterráneas y también la fauna y la flora, los cambios físicos y químicos que se generarán por el solo hecho de correr en un nuevo cauce; la migración de especies animales nativas; pero especialmente la potencial pérdida de volumen de agua en el río. Este recurso hídrico, amenazado por el avance descontrolado de la minería, es muy importante, determina las actividades económicas de gran parte de la población y además, conforma el entorno cultural y turístico de la región", afirma Jacobo Solano Cerchiaro.

El comité cívico denunció que el director de Corpoguajira, Arcesio Romero Pérez, fue fletado por MPX al Brasil, junto con funcionarios, diputados y representantes de la Fundación Prosierra Nevada de Santa Marta para "conocer alternativas de desarrollo sostenible" en ese país, en el mes de marzo pasado, lo que fue calificado como un evidente hecho de corrupción. Entre los políticos, con gastos pagados por la empresa, se contaban los concejales de Dibulla, donde se construirá un muelle carbonífero. Por Acuerdo del Concejo, el Alcalde tiene manos libres para exonerar de impuestos a la firma extranjera.

En su edición del pasado 25 de junio El Heraldo de Barranquilla denunció que MPX tiene entre sus filas a varios ex altos funcionarios del gobierno Uribe: "Junto con Leyla Rojas, ex viceministra de Agua y quien hoy es la jefe Jurídica de la compañía brasilera en Colombia, llegaron Diana Zapata Pérez, exdirectora de Licencias, además de Adriana Rodríguez y el ingeniero Juan Carlos Burgos, quienes trabajaron en esta dependencia ministerial". Según el periódico esta firma ha invertido 200 millones de dólares y está a la espera de que le aprueben la licencia ambiental para arrancar con las explotaciones

El poder corruptor de las multinacionales del carbón parece imparable, como también ha sucedido en el caso del Municipio de Barrancas, donde el Concejo había archivado por lesivo e inconveniente a los intereses de la comunidad, el Acuerdo que pretendía modificar el ordenamiento territorial. Sin embargo El Cerrejón logró que entre el Alcalde y un grupo de concejales ampliaran la zona de explotación minera. La Compañía, además, pagó los costos del nuevo EOT. Como se puede apreciar las autoridades de la Guajira, el César, y el Magdalena, están al servicio de la mega minería multinacional, a pesar de las denuncias e investigaciones exhaustivas.

A través de múltiples estrategias jurídicas, mediáticas y sociales, las transnacionales BHP Billiton, Anglo América y Xtrata, propietarias de El Cerrejón, que acapara el 40 % de la producción nacional, ha intervenido 11.700 hectáreas, de las cuales solo ha recuperado ambientalmente 2.700. Hacia el 2014, la meta fijada de producción es de 60 millones de toneladas, casi el doble de lo que estaba explotando en el 2009. El pasado 9 de agosto se cumplieron 10 años del desalojo de Tabaco, en el Municipio de Hato Nuevo, convirtiéndose en el símbolo del avance de la minería a cielo abierto: Allí quedó patentado la confabulación de las autoridades con las compañías extranjeras.

Ante los estragos sociales, económicos, ambientales y culturales dejados por las explotaciones carboníferas, el resguardo Wayuu de El Zahino, al sur de la Guajira, en la consulta previa convocada por el Ministerio del Interior, decidió categóricamente que: "… en nuestro territorio ancestral, no se permitirá la construcción de ninguna línea férrea, ni mucho menos, la exploración ni explotación de nuevos yacimientos hidrocarburos o de carbón, por parte de ninguna compañía que nos afecta de manera general". MPX pretende construir una línea férrea por territorio Wayuu para transportar el carbón hasta Dibulla.

El pasado 13 de septiembre, cientos de estudiantes de la Universidad de la Guajira salieron a las calles de Riohacha a reclamar los 30 mil millones de pesos que El Cerrejón le adeuda al centro de estudios por concepto de un impuesto creado, mediante Ordenanza de 1993, para ayudar a financiar la educación superior en el departamento. En el Día de la Indignación, como fue llamada la jornada, los estudiantes devolvieron unos buses entregados por la empresa: "Vengan y reciban los buses y paguen lo que nos deben. Los españoles nunca pudieron embobar a los wayuu con espejitos y abolorios. En pleno siglo XXI Cerrejón cree que nos va a embobar a nosotros con esos buses, para no pagarnos el impuesto a la estampilla", dice un comunicado.

Como lo corroboran las investigaciones del Centro de Estudios del Carbón, a cargo de Felipe Rodríguez, y los estudios del profesor Jorge Iván González, los impactos económicos y sociales de la gran minería son pingues frente a las expectativas y discursos sobre “el desarrollo y progreso” de los territorios donde se explota el subsuelo. En el caso de la Guajira son contundentes: la cobertura y disponibilidad de agua potable las 24 horas en los municipios sólo es del 74% y el de alcantarillado del 56%, indicador asociado – también- a los estragos de la corrupción. En esta región la minería solo genera el 10% de los empleos. De hecho como sostiene González, la locomotora minero-energética y el sector financiero son los que menos empleo generan, al tiempo que no se articula con el sector agropecuario y destruye los ecosistemas.

El pueblo wayuu exige respeto por sus vidas

Saylin Fernández

Pobladores de la Guajira reclaman y exigen respeto ante el atropello a las que han sido sometidos los habitantes de esta zona por  parte de las autoridades militares.

Varias organizaciones indigenas entre ellas  Oitewa, fuerza de mujeres indígena y los vecinos   se  reúnen en la plaza  de Paraguaipoa al frente de la 13 brigada de Infantería comandada por el general Pedro Ravelo para alzar la voz ya que siente que sus derechos han sido  vulnerados.

Durante el  fin de semana  en la alta guajira  3 personas resultaron heridas cuando las autoridades llegaron a la comunidad de Wayamulisira donde estaban los  camiones estacionado  y allí se formo  la discusión por la gasolina y los víveres que llevaban.

 Las 2 personas que salieron heridas  eran de la comunidad que no tenían nada que ver con lo que estaba sucediendo, estaban pastoreando de repente sintieron la balacera por lo que salieron corriendo para resguardar sus vidas así lo señalo Edgar palmar “no somos bachaqueros ni contrabandista, la niña es mi sobrina y la señora es mi hermana estaban buscando las ovejos  y los tiros fueron por la espalda exigimos que se nos respete la vida”-

Por su parte los vecinos y las organizaciones  plantean que irán hasta la cuidad de Caracas  hasta llegar a  la Fiscalía General de la Nación, otras de las opciones  que señalaron es hacer una vigilia   para pedir que el  general sea retirado del mando de esta bridada, “  en estos momento  mi pronunciamiento es  por nuestra integridad física por lo que ocurrió, no somos contrabandista, no somos bachaqueros,  estamos muy molesto por lo que sacó el diario la verdad señalándonos como contrabandista, esto ha sucedido varias veces nosotros venimos  desde Maracaibo con un listín que indica la cantidad que llevamos” así lo recalcó Arnoldo González de la comunidad de Sichipe.

Ante estos hechos los vecinos y vecinas no han recibido respuesta  oficial de parte de las autoridades, las 3 personas se encuentran hospitalizadas en el Hospital Universitario de Maracaibo.

 Otra persona salió herida cuando  un teniente del ejercito trataba de disolver la protesta que se habia generado por los heridos de la alta Guajira,  esto ocurrio en  la vía y trocal del Caribe  frente al CDI  de Paraguaipoa, esta persona se encuentra gravemente herido en el Universitario.

Publicado en radiofeyalegrianoticias.net

Indígenas colombianos y su evolución organizacional, un blindaje para la supervivencia

Todo comenzó durante la colonia, España impuso los cabildos como mecanismos de sometimiento, pero los grupos étnicos lo reinventaron para la defensa de sus territorios.

Leonel López

Como mecanismos para fortalecer sus luchas,  reivindicaciones sociales, derechos propios, defensa de su territorio o el rescate de la cultura, los pueblos indígenas colombianos vienen ejercitándose desde hace varios siglos en diferentes mecanismos de asociación como ocurre con los cabildos que fueron aparatos de control impuestos por los españoles, hasta los concejos regionales establecidos a partir de la constitución de 1991 de la nación neogranadina para organizar a las comunidades en territorios indígenas.

Para la población aborigen de Colombia, hablar de organización no es nada nuevo. Los primeros pasos dentro de la experiencia organizacional ocurren durante la época de la colonia cuando las comunidades indígenas comienzan a asociarse en cabildos, como consecuencia de una imposición de la corona española, como lo refiere una publicación titulada  “Paz y Resistencia: experiencias indígenas desde la autonomía”, de Mauricio Caviedes. 

“Durante el período colonial, los cabildos con los cuales se asocian hoy los pueblos indígenas, fueron el resultado de un proceso de organización política- de la corona- ya que en el momento de la llegada de los cronistas de colonia, los grupos aborígenes no constituían una unidad política, sino que se trataban de cacicazgos dispersos por todo el territorio”, se observa.

Más adelante, para el año 1771 los caciques paeces Juan Tama de la Estrella y Manuel de Quilo y Ciclos consiguieron que el rey Felipe II otorgara títulos a los primeros resguardos, que luego serán reconocidos por el libertador Simón Bolívar, quien por decreto presidencial con fecha de 20 de mayo de 1820, dispuso la devolución de los resguardos a los indígenas.

Reinvención de los cabildos

Por otra parte, resalta el autor de “Paz y Resistencia: experiencias indígenas desde la autonomía”, que el tema de los cabildos se convirtió en centro de debates antropológicos durante décadas pues tratándose de un mecanismo de control impuesto por el imperio español, “resulta al menos curioso que hoy los indígenas lo consideren una forma propia de organización”.

No obstante, los cabildos fueron caballos de troya con los que se blindaron los pueblos aborígenes ante los españoles en defensa de sus territorios. La estrategia fundamental para ello-según sugiere el citado texto- fue la unificación de los cacicazgos en una unidad política. “Como resultado los  pueblos indígenas dejaron de ser un grupo de cacicazgos dispersos y desarticulados, para consolidarse en una organización política. A partir de este poder centralizado, logran negociar con el gobierno colonial el reconocimiento de los resguardos bajo la figura de un cabildo (creado por los españoles), alcanzando autonomía política y la conservación la tradición cultural. De esa manera, quedó demostrada la capacidad aborigen de utilizar una figura administrativa impuesta por el imperio español, y ser adaptada a las formas de tradicionales de organización indígena”.

Quintín Lame organiza la resistencia

Seguidamente, un artículo publicado por el pensador-activista social uruguayo Raúl Zibechi, titulado “Colombia: los nietos de Quintín Lame”, resalta que principios del siglo XX el cacique Manuel Quintín Lame impulsó una gran rebelión indígena en Colombia llamada la Quintiada como reacción desesperada de las comunidades paeces ante la irrupción capitalista que deforestó los bosques, introdujo la ganadería y el café e impuso el trabajo forzado. “La rebelión de Quintín Lame, proclamado ‘gran cacique de todos los indios’, proponía la recuperación de los cabildos (comunidades), de las tierras y el fin del "terraje", renta pagada por el campesino al hacendado”.

Ya en los años 50’ los nasa wehs -conocidos también como indígenas paeces-  hablaban de la importancia de la organización en cabildos para exigir al gobierno a partir de sus necesidades, según menciona una autobiografía del líder paece Juan Gregorio Palechor, redactado por la investigadora Myriam Jimeno. Según el libro  “Juan Gregorio Bachelor, la historia de mi vida”, menciona que para el año 1955 ya se conocía de la conformación de un cabildo al sur del Tolima.

Las organizaciones indígenas definen su lucha

Precisamente para aquélla época cuando inician los conflictos en Colombia, es que las comunidades y organizaciones indígenas comienzan a ajustar su lucha, enmarcada para entonces en la reivindicación de sus derechos territoriales, a otro nivel, el de la resistencia frente a las acciones violentas de la guerra. Como lo explica el autor Ricardo Sánchez en su estudio “Violencia en Colombia”, a pesar de que la iniciativa indígena no se haga explicita antes de la década de 1990, “no quiere decir que los pueblos indígenas no fuesen victimas mucho antes, de la violencia y la guerra”. “Ciertamente existe una relación entre la reivindicación del derecho al territorio, entre los pueblos indígenas de Colombia, y la persecución que sobre estos ejercieron diferentes actores armados, contraestatales y paraestatales”, argumenta.

Para el investigador, es en este contexto cuando las organizaciones indígenas “transitan sus movimientos sociales hacia una postura más definida como lo es la defensa de los derechos humanos como instrumento de posicionamiento ante el recrudecimiento del conflicto armado”.

Y así nació el CRIC

El 24 de febrero de 1971, en Toribío, siete Cabildos e igual número de resguardos indígenas crean el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) nombrando el primer Comité Ejecutivo, pero no pudo funcionar debido a la represión de los terratenientes y la poca organización en la época, reseña el sitio web de la organización.

El CRIC fue fruto de la resistencia de las comunidades paeces al hostigamiento y encarcelamiento de dirigentes campesinos y en defensa ante los asesinatos estimulados por los ganaderos. “El día 24 de Febrero de 1971, en el resguardo indígena de Toribío y luego el 6 de septiembre del mismo año en La Susana, resguardo Indígena de Tacueyó, municipio de Toribío, Departamento de Cauca, Colombia, después de 160 años de sometimiento, desconocimiento y negación de derechos de los pueblos indígenas por parte de la naciente república de Colombia”, indica el portal.

El Consejo Regional Indígena del Cauca es la organización que agrupa a más del 90% de las comunidades indígenas del departamento del Cauca.

En la actualidad representa 115 Cabildos y 11 Asociaciones de Cabildos que están divididos en 9 zonas estratégicas donde existen 84 resguardos de 8 pueblos indígenas del Cauca: nasa – paéz, guambiano yanaconas, coconucos, epiraras (siapiraras, emberas), totoroes, inganos y guanacos.

“Se le reconoce como Autoridad Tradicional de los pueblos indígena del Cauca, es una entidad pública de carácter especial y en la actualidad lidera negociaciones con el Estado, producto de un sinnúmero de compromisos que la nación colombiana tiene con los grupos indígenas de esta parte del país”, detalla la fuente virtual.

AICO, recuperar la tierra es recuperarlo todo

Otra organización con una interesante trayectoria y cuyo objetivo de lucha es la recuperación de sus territorios es Autoridades indígenas de Colombia (AICO), cuyo inicio se remonta a los años 70’. Albeniz Tique, secretaria general de la AICO, en entrevista para WAYUUNAIKI, apunta en comentar que en el Cauca,  entre el pueblo Misak –según ella mal llamado Guambiano-  y el pueblo Nasa, se venía ya dando,  un proceso interno de  recuperación del territorio, debido a la problemática de terraje que allí se daba. “Esto unió a las Autoridades Indígenas de estos dos  Pueblos, para empezar a caminar desde la vivencia la recuperación del territorio”.

Explica la representante de AICO que desde esa vivencia trazaron como tarea el concepto vivo el cual se enuncia así: “RECUPERAR EL TERRITORIO PARA RECUPERARLO TODO”. “En noviembre 9 de 1982 en la antigua hacienda las Mercedes, en territorio Misak, departamento del Cauca, se da el tercer encuentro de Autoridades Indígenas del Sur Occidente,  allí se habla sobre  la ‘Autoridad Indígena’,  y la relación con los diferentes sectores populares  del pueblo Colombiano,  y se empieza a plantear  la Reconstrucción Social, Económica y Ambiental que hasta hoy es uno de los puntos centrales de nuestra razón de ser organizativamente”, resalta Tique

Refiere que a pesar de las dificultades que han tenido, forma parte de un selecto grupo de organizaciones nacionales en Colombia que en la actualidad están delegados en diferentes espacios de trabajo nacional, entre ellos, la construcción del AUTO 004 de la Honorable Corte Constitucional. “Los Pueblos indígenas estamos en peligro de extinción física y culturalmente como lo enuncia la Corte Constitucional en el AUTO 004 DE 2009, en la actualidad estamos en la recta final de entregar el documento borrador desde la comisión indígena que lleva trabajando en ello hace más de 10 meses”, acotó.

Algunos de los pueblos indígenas ligados a la AICO son camentsa, putumayos,  ingas, misak, emberas, natagaima, coyaimas, zenu, entre otros, e interactúan con comunidades de la Amazonia en espacios de  decisión.

ONIC, la cúspide organizacional

El proceso organizativo de los pueblos indígenas colombianos logra concertarse finalmente en un ambicioso proyecto que empezó a germinar a principios de la década de los ochenta, con la creación de la organización nacional indígena de Colombia (ONIC). Tal como lo explica la organización en su página web, la ONIC, “como proyecto político de carácter nacional, constituye hasta el momento la primera y única apuesta concertada y propia de los pueblos indígenas de  Colombia, para la defensa y protección de sus derechos especiales, colectivos y culturales, desde la unidad de acción organizativa y programática”.

El Primer Congreso Indígena Nacional que institucionalizó la Organización Nacional indígena de Colombia, fue celebrado en la Localidad de Bosa (Bogotá) en febrero de 1982, y estuvo conformado por representantes del 90% de los pueblos  indígenas  colombianos y contó con la presencia de 12 delegaciones indígenas  internacionales.

“Por primera vez en la historia nacional, dos mil quinientos delegados de los diferentes pueblos indígenas del país, se reunían para conversar sobre su pasado, presente y futuro; además para proponerle al Estado colombiano estrategias para la protección de la integralidad de sus identidades étnicas”, destaca en su historia la organización.

No obstante, toda la evolución que ha experimentado la comunidad indígena colombiana no ha sido suficiente ante las adversidades que enfrentan en sus territorios. Como lo relataría Luis Evelis Andrade, presidente de la ONIC en una entrevista, “Los pueblos indígenas, como otros sectores, son víctimas del narcotráfico, de la guerrilla, de los paramilitares, del mismo estado”. “Tenemos un problema muy serio porque el gobierno no quiere garantizar los pedidos de consulta, las consultas las están entregando las mismas empresas mineras, que se convierten en juez y parte, están desconociendo las organizaciones y se viola la constitución”, pronunció enfáticamente.

“Los megaproyectos en territorios indígenas son una grave amenaza, casi más que la guerra misma, porque nosotros frente a la guerra nos defendemos ejerciendo nuestra proposición y autonomía, pero los megaproyectos ya arrasan con todo porque se amparan en lo legal, una legalidad aparente, pero en el fondo están destruyendo la esperanza de nuestros pueblos, nuestros habitats, nuestro tejido social, eso pasa en Colombia”, sentencia Andrade.